El principal partido de oposición de Tanzania denunció que cientos de ciudadanos han perdido la vida a raíz de la represión a las masivas protestas que estallaron tras las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre. En tanto, el gobierno negó el uso de «fuerza excesiva» y la ONU pidió una investigación urgente ante los reportes creíbles de muertes y violaciones a los derechos humanos.

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Las manifestaciones se han extendido por el país desde el miércoles, cuando la exclusión de los dos principales partidos opositores de las papeletas encendió la ira ciudadana. El partido de oposición Chadema afirmó que sus cifras, compiladas a partir de visitas a hospitales, sugieren un saldo de muertos que podría ascender a 700 personas en todo el país, incluyendo más de 350 en la capital comercial, Dar-es-Salaam, y 200 en Mwanza.

A pesar de las denuncias de la oposición, el ministro de Asuntos Exteriores de Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, negó rotundamente el uso de «fuerza excesiva» y la existencia de cifras oficiales sobre manifestantes asesinados. Kombo desestimó la cifra de 700 muertes de Chadema, limitándose a reconocer «focos de violencia» y dirigidos a propiedades gubernamentales y empresas de suministro de electricidad.

La contradicción en las cifras y la negación del gobierno se produce en medio de una intensa represión. El gobierno desplegó a los militares en las calles e impuso un cierre de Internet para contener a los manifestantes que exigen reformas electorales y el cese del anuncio de resultados. Los manifestantes, por su parte, han respondido incendiando vehículos, una gasolinera y comisarías.

En este contexto de profunda preocupación, el portavoz de derechos humanos de la ONU, Seif Magango, indicó que fuentes creíbles han reportado al menos 10 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Posteriormente, el Secretario General, Antonio Guterres, exigió una investigación sobre las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y expresó su honda preocupación por los informes de desapariciones forzadas y detenciones en el periodo previo a la votación.

La Comisión Electoral Nacional Independiente había descalificado a los partidos de la oposición, alegando que se negaron a firmar un código de conducta electoral, una decisión que, sumada al historial de acoso y tortura de críticos, provocó la condena de grupos de derechos humanos locales e internacionales.

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