Una violencia del crimen organizado que controla territorios enormes, que limita la libertad de tránsito, que actúa en contra de las comunidades que tratan de oponerse a la devastación ambiental, que obliga a los jóvenes o a ser reclutados como mano de obra del crimen organizado, como sicarios o salir desplazados o francamente los asesinan.

Victor Quintana, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua

Rarámuris, Ódamis, Warijos, Pimas. Comunidades indígenas que llevan poblando esa zona durante siglos y que se ven obligados a tomar sus pocas pertenencias y salir huyendo. Hay 12.000 desplazados solo en el estado de Chihuahua. Son amenazados, insultados y muchas veces, asesinados. La tierra, su madre, es territorio de tránsito para toneladas de opio y marihuana rumbo al norte. Ellos son solo un pequeño estorbo para estas auténticas corporaciones del crimen organizado.

Andan matando la gente por ahí. Por eso yo me asusté y tuve que salir afuera. Porqué ahí cerca mataron a los compañeros. Por eso salí, porque a lo mejor a mí también me matan. Una vez llegaron a mi casa, pero no me encontraron ahí. Estuve una noche en el monte para no llegar a mi casa porque tenía miedo, porque ahí andaban tirando balazos ahí donde estaban mis hijos.

Desplazado del municipio Guadalupe y Calvo

El arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha provocado una pelea interna en el cartel de Sinaloa. Otros grupos criminales están también al acecho. La violencia que ello provoca la sufren todos por igual. Las violaciones se multiplican, los pueblos se abandonan y las casas, calles e iglesias son destrozadas. Mientras, la droga se sigue moviendo. Los cárteles siembran cerca de 50 toneladas de amapola al año para extraer la goma. La mitad de la heroína que se consume en Estados Unidos, proviene de México.

Aterrizamos a lo de ayer y de siempre que es la narcosiembra. Es el pleito por los territorios. Aquí está la división: una parte es de este cartel y ahí está el otro cártel. Se pelean el trasiego, se pelean el tráfico, se pelean el territorio.

Javier “El Pato” Ávila, Defensor de Derechos Humanos

Crímenes sin resolver. Secuestrados que nadie encuentra. Los 80 mil dólares que produce cada kilogramo de heroína sirve para pagar a muchas autoridades. Aquí la impunidad es total. Solo las organizaciones sociales intentan frenar la escalada de violencia. Hay comunidades donde todos los pobladores tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los activistas se convierten entonces en un peligro para los cárteles y en una víctima más de su negocio.

Estamos haciendo la defensa en un clima de verdadera inseguridad y violencia, con amenazas de muerte, con defensores de las comunidades asesinados. Y que históricamente, así ha sido.

Isela González, Alianza Sierra Madre

Chihuahua es la entidad con mayor número de defensores de derechos humanos asesinados. El segundo en periodistas ultimados. Muchos jóvenes indígenas son secuestrados y obligados a trabajar en las plantaciones ilícitas. La pobreza y marginación que han sufrido las comunidades históricamente, se mezcla con la violencia y el descaro de las autoridades. Entre 2011 y 2015 se cometieron 1.770 asesinatos en solo 12 municipios de la sierra. Centenares de familias han perdido sus casas, sus animales, sus tierras. Son solo una cifra más para un gobierno incapaz de detener la violencia. Y un pequeño costo para las empresas criminales, que miden las vidas humanas en relación a sus ganancias.