En el plan insurreccional, propuesto por López-Machado-Ledezma aparecen “las guarimbas” como “sistema de control social” o “carcelización de la sociedad” territorializadas en las urbanizaciones. Su objetivo, desintegrar la comunidad; fragmentar la convivencia; destruir códigos culturales y lingüísticos, eliminando el orden jerárquico y los valores.
Después del “Viernes Negro” y el “Caracazo” la clase media, destruida por los embates del neoliberalismo, las cuotas balón, el fraude inmobiliario y el bombardeo de los medios, yace enferma y envenenada, optó por el racismo; la neurosis en el espacio público; la violencia callejera y es el “nuevo lumpen”.
“Las guarimbas” son un aparato táctico, de violencia extrema física y simbólica, destinado a crear zozobra psicosocial; dañar instituciones públicas; destruir bienes patrimoniales y afectar el biopoder, es decir la vida y el ecosistema, buscan dilatar el crecimiento económico y distraer la cuantiosa inversión social del Estado, hacia la recuperación de la “devastación”, por suerte recursos no faltarán a un país petrolero.
A la MUD le pesa su derrota histórica, la actuación tardía, después de 48 muertes, entran a un diálogo con el “rabo entre las piernas”. Los alcaldes de derecha, abandonando su función protectiva, se refugian en coartadas para crear un cuasiorden, pero siguen cometiendo delitos.
Los efectos: una sociedad sin ciudadanos; municipios limitados en su actividad socioeconómica; calles convertidas en basureros. ¿Es acaso un jugoso negocio esa la de la“apropiación” de la vida de los habitantes de esas urbanizaciones?
La “guarimba neofascista” está gerenciada desde fuera y dentro del país, es una violación flagrante de los Derechos Humanos; desviación delictual-terrorista de la protesta con alta peligrosidad psicosocial y ambiental y requiere sin demora el rigor del Estado y la Ley.