• Telesur Señal en Vivo
  • Telesur Solo Audio
  • google plus
  • facebook
  • twitter
Desde tempranas horas de la mañana se registraron largas colas en las afueras de los centros de votación.

Desde tempranas horas de la mañana se registraron largas colas en las afueras de los centros de votación. | Foto: Reuters

Publicado 7 diciembre 2015
Los observadores electorales que dan cobertura a América Latina y el Caribe, ven la amenaza de un “fraude sistemático y masivo” en las próximas elecciones de un país que, por mucho tiempo, ha sido de interés estratégico para Estados Unidos.

Los venezolanos votarán hoy en elecciones justas y transparentes. Pero si fuese por el Gobierno y los medios estadounidenses, uno no lo sabría.

Los observadores electorales que dan cobertura a América Latina y el Caribe, ven la amenaza de un “fraude sistemático y masivo” en las próximas elecciones de un país que, por mucho tiempo, ha sido de interés estratégico para Estados Unidos.

Alegan que “incidentes de violencia, fraude e intimidación de votantes” han devenido en un proceso que “queda muy por debajo de los estándares mínimos para unas elecciones justas”. El presidente ha gobernado por decreto durante casi un año, cumpliendo con una promesa expresada en 1997: “La primera cosa, después de que establezca me establezca en el poder… yo cerraría ese congreso”.

Recientemente, un grupo de los principales candidatos de la oposición declararon que están “convencidos de que, bajo la presidencia, no pueden haber elecciones honestas, libres, transparentes y democráticas”, aduciendo “las represalias y la represión de la policía contra manifestantes pacíficos” que dejaron lesionados a dos candidatos.

Estados Unidos no está muy preocupado por la situación. De hecho, ha invertido casi 30 millones de dólares en las elecciones. Después de todo, esto no es Venezuela; es Haití.

En contraste con la imagen tergiversada de Venezuela presentada por los medios, centros de pensamiento y el gobierno estadounidense, los procesos electorales venezolanos no pueden ser más distintos de los de Haití. En Haití, en las presidenciales de primera vuelta del 25 de octubre, más del 70% de los votantes registrados se abstuvieron de votar, como lo hicieron en 2010 durante las elecciones amañadas que trajeron a Michel Martelly al poder.

De manera sistemática, las elecciones venezolanas producen el resultado contrario: el 79.7% del electorado votó en las elecciones presidenciales de 2013, y hasta las subsiguientes elecciones municipales disfrutaron de una tasa de participación del 58.9%. Las encuestas sobre las elecciones legislativas de hoy indican una participación proyectada de más del 70%, lo cual sugiere que el electorado venezolano parece tercamente no estar afectado por las “campañas de miedo, violencia e intimidación” que el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, afirma que están ocurriendo.

Promoviendo la matriz de opinión del Departamento de Estado, el consejo editorial del Washington Post apuntó que el presidente venezolano Nicolás Maduro “recurrirá a un fraude descarado o al uso de la violencia para prevenir una victoria de la oposición”, ignorando el que haya firmado públicamente un compromiso escrito de respetar los resultados electorales. Phil Gunson, del International Crisis Group, también manifestó su preocupación por las “prácticas injustas e incluso el fraude” que pudiesen ocurrir sin la presencia de observadores internacionales. Al “prohibir” la observación de la Organización de Estados Americanos, señaló que “el gobierno debería al menos darle el beneficio de la duda a la oposición si se queja”.

No obstante, Gunson no informó a sus lectores sobre los resultados del Carter Center, cuyo exdirectora de América Latina, Jennifer McCoy, recientemente explicó en una discusión en el Brookings Institution que “las máquinas de votación son auditables, han sido auditadas en cada elección, incluso por todos los partidos opositores, y no se han considerado problemáticas”.

De hecho, Jimmy Carter ha afirmado que “de las noventa y dos elecciones que hemos monitoreado, diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.  Además, inmediatamente después de la votación, los partidos políticos de Venezuela realizan auditorias conjuntas del 54% de las urnas que contienen las papeletas de los votos, lo cual hace que el escrutinio tenga “una altísima posibilidad de ser honesto”, según palabras de McCoy.

¿Qué tan alta es esa posibilidad? La probabilidad estadística de las denuncias de la oposición venezolana de que la elección de 2013 fuese robada es de 1 en 25,000,000,000,000,000.  Estados Unidos apostó por esa probabilidad cuando el Departamento de Estado se unió a la oposición para reclamar un recuento pleno. El gobierno de Obama se convirtió en el único gobierno del hemisferio occidental en negarse a aceptar los resultados, una posición que solo fue respaldada por el gobierno derechista de España y el Secretario General de la OEA, cuyo presupuesto operativo anual es financiado en un 60% por Washington.

Al igual que muchas instituciones similares estadounidenses preocupadas con Venezuela, el Washington Post, el International Crisis Group y Brookings no han publicado declaraciones ni han realizado eventos para investigar los problemas electorales de Haití, como las más de novecientas mil tarjetas de acreditación que circularon y se vendieron en un “próspero mercado negro de fraude”, según el Miami Herald. Estas tarjetas facilitaron votar múltiples veces a quien las poseyese, y dichas votaciones representaron más de la mitad de los votos registrados.

El coordinador especial para Haití del Departamento de Estado, Kenneth Merten, parecía no estar interesado, al simplemente declarar: “Esperamos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”. La razón por las exigencias selectivas del Departamento de Estado con respecto a los recuentos es simple: Haití está bajo el control seguro de EE UU, mientras que Venezuela no.

A pesar de las diferencias, Venezuela y Haití han estado vinculadas durante los últimos quince años como los dos blancos principales de la intervención estadounidense en el hemisferio occidental. De hecho, el notablemente duradero éxito del derrocamiento estadounidense de Jean-Bertrand Aristide en 2004 se debió en gran parte -y se construyó sobre- las estrategias perfeccionadas durante el fracasado intento de derrocar al gobierno electo de Hugo Chávez en 2002.

Presagiando su estrategia en Haití, el gobierno de Bush, según un informe del Departamento de Estado, entrenó y financió a “individuos y organizaciones que consideraban que tuvieron una participación activa” en el derrocamiento de Chávez mediante organismos como el Fondo Nacional para la Democracia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el Instituto Republicano Internacional. Estados Unidos ocultó el haber sabido previamente de la conspiración golpista de un gobierno electo, y al mismo tiempo promovió informes groseramente exagerados sobre la supuesta conducta indebida del gobierno. Y finalmente, el gobierno de Bush reconoció de inmediato al gobierno golpista ilegítimo, mientras alegaba falsamente que Chávez había renunciado.

En Haití, EE UU igualmente proporcionaba financiación a la oposición política recalcitrante para hacer que el país sea ingobernable, y le recortó la ayuda internacional que era fundamental para la salud pública y la educación. Grupos paramilitares entrenados por EEUU aterrorizaban al país antes de que el gobierno de Bush diera el golpe de gracia al sacar a Aristide y a su familia fuera del país abordo de un avión estadounidense. Y como Chávez, Aristide permaneció incomunicado después de que se declaró su “renuncia”. Sin embargo, en esta ocasión, EEUU aseguró que permanecería en la República Centroafricana, a un océano de distancia.

Y peor aún, después de haber enfrentado a un hemisferio occidental unido en su repudio al gobierno golpista en 2002, EE UU, solo días después del golpe, impulsó una resolución en la ONU creando una ocupación armada en el país, que también contó con la participación de gran parte de América Latina.

Al otorgarle protección al aún frágil régimen de Gérard Latortue instalado por EEUU, la ocupación de la ONU también permitió el uso de fuerza indiscriminada para sofocar a los disidentes, particularmente en vecindarios pobres que apoyaban a Aristide. Puerto Príncipe registró alrededor de dos mil asesinatos por motivos políticos por año, lo cual en gran parte fue recibido con silencio por los principales grupos de derechos humanos estadounidenses. Después de ser frustrados por la movilización abrumadora de los seguidores de Chávez, quienes salieron en masa en Caracas y derrocaron al régimen golpista, Estados Unidos aprendió su lección en Haití.

In intervening years, the US-led political management of Haiti has shifted to the OAS, which is key to understanding today’s elections in Venezuela. In Haiti, the OAS overturned the results of the first round of the 2010 elections without any statistical basis and simply advanced the US-preferred candidate, Michel Martelly, to the second round. The OAS similarly endorsed the results of October’s fraud-riddled election in which Martelly’s favored candidate performed best.

En los años posteriores, la gestión política de Haití, liderada por EE UU, ha sido trasferida a la OEA, lo cual es clave para entender las elecciones de hoy en Venezuela. En Haití, la OEA recovó los resultados de la primera vuelta de las elecciones de 2010, sin ningún fundamento estadístico y simplemente mandó al candidato preferido por EE UU, Michel Martelly, a la segunda vuelta. La OEA igualmente respaldó los resultados de octubre cargados de fraude, unas elecciones en las cual el candidato preferido, Martelly, se desempeñó mejor.  

Por estas razones, Venezuela –país al cual el gobierno de Obama aún designa oficialmente como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional”, y que recientemente se enteró del amplio espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional contra la empresa petrolera estatal en 2011– ha resistido a la insistencia estadounidense de que la OEA observe sus elecciones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se desempeñó como canciller de Uruguay, se comportó de una manera tan poco diplomática en sus llamados por una presencia de la OEA en Venezuela que su exjefe, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, le llamó la atención públicamente.

La campaña concertada de desprestigiar las elecciones venezolanas implica a medios estadounidenses, ONGs y funcionarios públicos proclamando inquietudes casi idénticas sobre la democracia, mientras ignoran o, activamente promueven, exactamente las mismas tendencias antidemocráticas que profesan deplorar en un país sólidamente dentro de su esfera de influencia.

América Latina interpreta correctamente este discurso deshonesto, que emana desde Washington, como un componente de un esfuerzo que busca avanzar una agenda sumamente impopular para la región. El prolongado resentimiento de América Latina hacia la imposición de dicha agenda ha resultado en un creciente rechazo del multilateralismo dirigido por EE UU, el que acrecienta la intervención estadounidense. Con este objetivo, los países han desarrollado una gama de alternativas en la última década: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Banco del Sur, el Alba y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Por lo tanto, la presencia de una delegación electoral de la Unasur en Venezuela, liderada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, es una muestra de progreso. En gran parte cumpliendo con la visión con la cual se creó en el 2008, Unasur, que excluye a Estados Unidos y a Canadá, ha desplazado rápidamente a la OEA como la institución preferida por la región para resolver los conflictos y gestionar los asuntos multilaterales.

En este marco, el voto de hoy –sea cual sea el resultado– es un paso más para el movimiento de independencia en curso en América Latina.  


teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección

Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.