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Ese mismo año, DAPA anunció que en Texas ha habido un repunte en la negativa de partidas de nacimiento a recién nacidos.

Ese mismo año, DAPA anunció que en Texas ha habido un repunte en la negativa de partidas de nacimiento a recién nacidos. | Foto: Reuters

Publicado 29 julio 2015
Una demanda sostiene que el Estado de Texas está violando la Constitución de Estados Unidos al negar certificados de nacimiento a bebes de inmigrantes indocumentados.

La hija menor de Ever Duarte nació en McAllen, Texas, el 11 de diciembre de 2014, la última de tres hijos de la familia Duarte. Duarte, quien es de Reynosa, México, justo al otro lado de la frontera de la ciudad de McAllen, ha vivido del lado estadounidense por más de 10 años. Él y su compañera son indocumentados, pero hasta el nacimiento de su tercer hijo, habían buscado - y recibido - partidas de nacimiento de Texas para sus hijos, que también son ciudadanos estadounidenses. "Han pasado siete meses desde que nació, en diciembre, y continúan negándonos la partida de nacimiento", dijo Duarte en una entrevista telefónica desde McAllen. Sus otros dos hijos recibieron certificados de nacimiento cuando ambos padres presentaron sus pasaportes mexicanos y lo que se llama matrícula consular, documento de identidad emitido por los consulados mexicanos. "Sentimos que estamos siendo discriminados, necesitamos el certificado de nacimiento, queremos bautizarla y en la parroquia nos piden el acta de nacimiento, y la necesitaremos en el futuro, para sus vacunas y para ir a la escuela", dijo Duarte.

Duarte dijo que han ido cuatro veces para solicitar el certificado de nacimiento de su hija, y que los funcionarios de la ciudad y el condado les dijeron que la orden de no aceptar más las matrículas consulares vino de Austin, la capital del estado de Texas. Como a otros, a la familia se le dijo que la niña podía regresar cuando tenga 18 años para recoger su certificado de nacimiento. Fueron informes de los medios los que primero alertaron a Duarte el hecho de que su familia no era la única que enfrentaba esta situación. Los Duartes se encuentran entre una docena de familias que pusieron una demanda con más de 40 demandantes, y que fue presentada el 11 de junio en una Corte del Distrito Federal en el Oeste de Texas.

"Tuvimos reportes de personas a los que se les negaron certificados de nacimiento en el 2013, pero el volumen subió considerablemente a finales del 2014 y a principios de este año", dijo Efrén Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles del Sur de Texas, que representa a los padres. "No sé lo que pasó, pero el momento coincide con la avalancha de inmigrantes y refugiados centroamericanos el verano pasado, y después, con el anuncio del Presidente sobre la acción ejecutiva, y en concreto con el DAPA [Acción Diferida Para los Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes], en noviembre del año pasado. "DAPA impediría a Homeland Security deportar a los padres de los estadounidenses, aunque su implementación está siendo bloqueada por una orden diferente de la corte de Texas. Antes, los informes de familias indocumentadas con certificados de nacimiento negados eran esporádicos y si llegaban a tener problemas no eran rechazados definitivamente, según Olivares. Pero ahora las autoridades municipales y del condado están negando los certificados y rechazando a los padres para siempre, lo que afecta a decenas si no cientos de jóvenes y niños.

El asunto comenzó a tomar cuerpo cuando las personas empezaron a contar sus historias a las organizaciones comunitarias en el Sur de Texas. A causa de la atención de los medios, cada vez más familias han venido con casos similares. Este es un testimonio de fuerza de la Red de Organizaciones de la Comunidad en el Valle del Río Grande, dijo Olivares. "Este es el argumento jurídico central". “El argumento es muy básico porque estos niños son ciudadanos de Estados Unidos, todos nacidos en hospitales, la XIV enmienda de la Constitución estadounidense dice que cualquiera que es nacido en los Estados Unidos es ciudadano estadounidense, por lo que tienen derecho a un certificado de nacimiento y el estado de Texas no lo puede negar”, dijo Olivares. “Ese es el argumento legal de base”.

Aunque la mayoría de los demandantes son mexicanos, uno es de Guatemala y uno es de Honduras. Muchos de los demandantes dejaron México huyendo de la violencia y el abuso de sus parejas. Una de las demandantes fue aprehendida y detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas, con su hija bebé, poco después de su nacimiento. Se incautaron sus documentos y nunca fueron devueltos. Algunos de los demandantes llegaron cuando eran menores de edad, lo que significa que nunca han tenido una licencia de conducir o la tarjeta electoral mexicana. A uno de los demandantes, que huyó de la violencia en Guatemala, le dijo el coyote que movía a su grupo a través de la frontera, que debían tirar sus identificaciones, ya que si los miembros del cártel de drogas los atrapaban con identificación, podían cobrarles más por cruzar. Según la demanda, la negación de certificados de nacimiento afecta a la capacidad de las familias para bautizar a sus hijos, para enviarlos a la escuela, para viajar y demostrar su relación con sus hijos, para acceder a vivienda y a guarderías sociales, así como para acceder a MedicAid, Head Start y otras prestaciones del Gobierno para los niños.

"Los objetivos de la demanda son dos, en primer lugar obtener un certificado de nacimiento para estos niños, pero más ampliamente, también obtener una orientación clara y una declaración clara de la agencia estatal en cuanto a lo que otras personas en situaciones similares deben hacer con el fin de obtener un certificado de nacimiento", dijo Olivares en una entrevista telefónica desde Álamo, Texas. "Lo que no queremos es que todos estos niños obtengan un certificado de nacimiento y luego se desestime el caso, y el próximo mes tener nuevamente el mismo problema". La vida de los indocumentados en los EE.UU es difícil, y la negación de certificados de nacimiento representa otra forma de discriminación oficial contra ellos. "Lo que está pasando ahora es que están siendo objeto de discriminación, a pesar de que el niño es ciudadano y tiene el derecho constitucional a un certificado de nacimiento, el niño y los padres están siendo discriminados por ser indocumentados", dijo Héctor Guzmán López, que trabaja con el “Centro Fuerza del Valle de los Trabajadores” y el Proyecto de Derechos Civiles del Sur de Texas.

El aumento de la vigilancia a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México ha reducido la movilidad de los indocumentados. A modo de ejemplo, las personas indocumentadas no pueden salir del Valle del Río Grande sin poner en riesgo sus vidas. "Las personas indocumentadas están atrapados esencialmente en el Valle del Río Grande, en la frontera con Estados Unidos, más al Norte del Valle hay otro puesto de control, y si usted no tiene ningún documento no puede pasar, lo detendrán y será puesto en un centro de detención", dijo Guzmán. "O arriesgas tu vida tratando de pasar, o pagas a alguien para que te cole, lo que es muy peligroso, así que la mayoría de las personas que son trabajadores indocumentados y sus familias, se quedan en el Valle".

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y otros nombrados en la demanda presentaron una moción para desestimar el caso el 22 de julio, alegando que Texas tiene inmunidad soberana bajo la Enmienda 11.

Pero los demandantes no están cediendo y el caso está creciendo con más familias, que al igual que los Duarte, están uniéndose a la lista de demandantes. "No somos gente mala, tratamos y hacemos todo legalmente, especialmente por [nuestros hijos], porque nosotros no podemos [conseguir los papeles], pero ellos sí", dijo Duarte.

**Dawn Paley es periodista y autor del libro El Capitalismo Guerra Contra las Drogas, AK Press 2014. Síguela en Twitterdawn_


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