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¿Qué es la paz sin justicia en Colombia?

| Foto: Archivo

Publicado 1 diciembre 2015

La oscura historia del Gobierno colombiano, de asesinar disidentes, debería llevarnos a hacer una pausa antes de celebrar la paz.

El pasado septiembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), finalmente acordaron firmar un acuerdo de paz en los próximos seis meses. Las apuestas a un acuerdo de paz son poco menos que monumentales: formalmente terminaría la guerra civil más larga del mundo que comenzó en 1948. Meses después, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia manifestaron su deseo de formar un movimiento político después de la firma de un acuerdo de paz en Colombia. Pero, en medio de estas negociaciones en curso, los recientes acontecimientos políticos en Colombia amenazan el cumplimiento de la justicia.

La historia comienza un año antes, en septiembre de 2014. El senador Iván Cepeda del partido político de izquierda Polo Democrático inició un debate ante el Congreso de la República (2002-2010) exponiendo los estrechos vínculos del ex presidente Álvaro Uribe con los paramilitares y narcotraficantes. Durante más de una hora, Cepeda expuso públicamente documentación que vinculaba a Uribe con el submundo sangriento de Colombia. Como director de la aviación civil en la década de 1980, Uribe concedió licencias de aviación a miembros de los infames cárteles de la droga de Colombia, y como Gobernador del Departamento de Antioquia desde 1995 hasta 1997, Uribe ayudó a crear lo que sería una de las organizaciones paramilitares más despiadadas de Colombia: CONVIVIR. En 1998, Human Rights Watch denunció a CONVIVIR por amenazar y asesinar a campesinos colombianos sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares masacraron a quince campesinos en lo que se conoció como la "masacre de El Aro", en octubre de 1997, bajo el gobierno de Uribe. Durante los dos mandatos de su presidencia (2002-2010), la administración de extrema derecha de Uribe tuvo que enfrentarse a vibrantes movimientos sociales del país.

La denuncia de Cepeda ante el Congreso fue histórica y no vino sin consecuencias. Como era de esperar, Cepeda inmediatamente recibió amenazas de muerte del infame grupo paramilitar Águilas Negras después de su discurso, amenazas de muerte que solo se suman a la gran cantidad, que él y cientos de otros activistas de Derechos Humanos en Colombia, han recibido durante décadas.

Adelantemos un año. Sólo unas semanas después de declarar este avance de acuerdo de paz, el Fiscal General de Colombia, Alejandro Ordóñez anunció a finales de octubre que su oficina estaría lanzando una investigación a la exposición de Cepeda contra el ex Presidente Uribe. En particular, el Procurador General Ordóñez acusó a Cepeda de fabricar testimonios contra Uribe. Ordóñez afirmó que Cepeda visitó a ex paramilitares que actualmente están en la cárcel y les presionó para hablar en contra de Uribe a cambio de beneficios. Si es hallado culpable de estos cargos, Cepeda podría ser despojado de su cargo.

Las acusaciones contra Cepeda son, sin duda, ridículas. Cepeda no niega haber visitado a los ex paramilitares en la cárcel, pero las acusaciones específicas, obviamente, muestran al Procurador General aferrándose a un clavo ardiendo. Ordóñez es un aliado conocido de Uribe y un manipulador de derecha que puso en marcha campañas de difamación similares contra otros políticos colombianos de izquierda, como la senadora afrocolombiana Piedad Córdoba y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tanto Uribe como Ordóñez son opositores vocales de las actuales negociaciones por la paz, defendidas por Cepeda y el actual presidente Juan Manuel Santos.

Entonces, ¿por qué es importante? El caso Cepeda importa profundamente ya que ofrece una vista previa de lo que potencialmente pueda llegar a suceder – amenazas de muerte, intimidación, o cargos judiciales graves - a los que se atrevan a cuestionar o desafiar el sistema derechista de Colombia.

Sin duda, los riesgos pesan fuertemente sobre Cepeda. En 1994, su padre Manuel Cepeda Vargas fue elegido senador del partido político Izquierdista, Unión Patriótica (UP). Del mismo modo que actualmente las FARC planean cambiar sus armas por papeletas, en 1985, los líderes de las FARC formaron la UP a raíz de las primeras conversaciones de paz en 1982. La misión de la UP era construir una alternativa electoral socialista a los Liberales y Conservadores que han gobernado Colombia durante generaciones. Pero poco a poco, la UP fue literalmente destruida. De 1985 a principios de 1990, cerca de 5 mil líderes, miembros y simpatizantes de la UP fueron asesinados o desaparecidos, en lo que muchos han llamado un "genocidio político". Entre los muertos había dos candidatos presidenciales y cientos de políticos locales, sindicalistas, profesores, abogados, médicos, y los agricultores que simpatizan con la UP.

Al igual que su hijo Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas también denunció la impunidad paramilitar ante el Congreso. En 1993, Cepeda Vargas habló en contra de la existencia de un programa de la derecha para acabar con la UP denominado "Plan Golpe de Gracia". El Senador Cepeda Vargas constaba en la lista de personas a ser ejecutadas en este plan. De pie ante el Congreso, Cepeda Vargas acusó a los generales Harold Bedoya (ex-alumno de la Escuela de las Américas) y Rodolfo Herrera, de apoyar a los paramilitares y la promoción del "Plan Golpe de Gracia". Y al igual que su hijo Iván Cepeda, Cepeda Vargas fue acusado de difamación. Entonces, las amenazas se intensificaron:  de 15 a 20 llamadas diarias a la casa, diciendo a Cepeda Vargas que pronto estaría muerto. El 9 de agosto de 1994, seis asesinos en un coche y en una motocicleta dispararon y asesinaron a Cepeda Vargas a sangre fría en Bogotá.

La lección es clara. En los próximos meses podemos juzgar el compromiso del Gobierno con la paz, por cómo trata a disidentes como Iván Cepeda. Para quienes están comprometidos con un futuro verdaderamente justo y brillante para Colombia, el caso Cepeda y la Historia de la UP se ciernen oscuramente en el horizonte.

**Yesenia Barragán es candidata al Doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Columbia y desde hace mucho tiempo activista en solidaridad con Colombia.


teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección

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