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Alrededor de mil novecientas mujeres y niños se encuentran detenidos en lo que se supone son cárceles para la familia en Estados Unidos.

Alrededor de mil novecientas mujeres y niños se encuentran detenidos en lo que se supone son cárceles para la familia en Estados Unidos. | Foto: Foto: flickr / Eddie Pérez

Publicado 3 septiembre 2015

Los Estados Unidos ha encarcelado a cientos de familias de refugiados en violación de sus propias leyes, pero solo el denunciante ha sido castigado.

"No le gustaría estar encerrado en un lugar como éste, la forma en que estamos aquí, sufriendo con nuestros hijos", escribió Lilia Oliva Bardales, una joven hondureña de 19 años de edad, con un hijo de 4 años. "Yo vengo aquí por lo que este país me puede ayudar", continuó, "pero aquí me han estado matando poco a poco con el castigo y estoy en la cárcel sin haber cometido ningún delito".

Oliva, llegó buscando asilo en los Estados Unidos, en su lugar fue encarcelada. Estuvo detenida durante 8 meses en un centro privado de detención para mujeres refugiadas y sus hijos en el sur de Texas, uno de los varios centros abierto por el gobierno de Obama.

"Hasta hace poco", The New York Times informaba el verano pasado, "la mayoría de las familias fueron puestas en libertad mientras sus casos de deportación se mueven lentamente a través de los tribunales". Ahora, sin embargo, alrededor de mil novecientas mujeres y niños se encuentran detenidos en lo que se supone son cárceles para la familia, tres de las cuales fueron abiertas tras una oleada de solicitantes de asilo en el 2013 por gente que huye de la pobreza y la violencia en Centroamérica. (Después de un golpe de Estado legitimado por Estados Unidos en 2009, Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo. En una instalación en Nuevo México, más de la mitad de las 600 personas son menores de edad, según el Times, "incluyendo docenas de bebés y niños pequeños".

Donald Trump, la estrella republicana que lleva a cabo una campaña de vanidad inquietantemente exitosa para la presidencia del país, ha sido justamente condenado por sus comentarios en los que califica a doce millones de inmigrantes indocumentados como "violadores" que deberían ser deportados inmediatamente. En medio de toda la indignación por los crudos llamados de un multimillonario bufonesco a la ultraderecha de Estados Unidos, no debemos olvidar: "las cárceles para madres inmigrantes y sus bebés" es una cosa que existe en este momento, gracias a un demócrata más liberal que el favorito para reemplazarlo.

Si uno se siente mal simplemente leyendo. Fue suficiente para que Lilian Oliva Bardales quiera morir: Después de escribir una nota de suicidio, Oliva se cortó las muñecas. "Hago esto porque yo no siento ninguna vida si regreso a mi país", había escrito. "Hago esto porque ustedes fueron malos conmigo y mi hijo. No nos merecemos esto". A Oliva la encontraron sangrado en un baño del centro de detención. Ella sobrevivió. Y junto con su hijo fueron deportados seis días más tarde. Eso desesperó a su abogado, Bryan Johnson. "Yo quería ayudarla", dijo a la agencia de noticias McClatchy. "Pero no fui capaz de hacerlo".

Lo que tanto molestó a Johnson fue que él sabía que lo hecho por el gobierno a su cliente era ilegal. Cerca de 40 días antes de la deportación una jueza federal de Estados Unidos emitió un dictamen diciendo que la política de la administración Obama de detener a las mujeres inmigrantes y niños, violaba un acuerdo de 1997 que requiere que el gobierno coloque a los niños en hogares con sus familiares - o al menos que trate de hacer eso antes de ponerlos en las cárceles. El problema era que: nadie más que el juez, el gobierno y un puñado de abogados sabían sobre el fallo y no podían reconocerlo públicamente. Johnson fue uno de esos abogados que trabajando como consultor no remunerado, junto a otros abogados de inmigración, habían demandado al gobierno sobre sus prácticas de detención.

"Ni siquiera puedo imaginar lo que es para esas mujeres y niños que han estado allí durante tan largos períodos de tiempo", dijo a la agencia noticiosa McClatchy, que publicaron el fallo filtrado. "Esto tiene que parar. Y yo creo que esta es la única posibilidad que existe que el gobierno rinda cuentas".

Un día después, funcionarios federales dejaron libres a una media docena de mujeres y sus hijos de la misma instalación en el sur de Texas en la que Oliva intentó suicidarse; algunas habían estado encarceladas durante casi un año y anteriormente no habían sido consideradas elegibles para libertad bajo fianza por haber sido deportadas anteriormente. El Secretario del Departamento Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció que viajaría al centro de detención para él mismo inspeccionarlo. Jonathan Ryan, director ejecutivo del Centro de Refugiados y Servicios de Educación y Servicios Legales para migrantes dijo que mantener el dictamen en secreto, los coloca en desventaja, a él y a sus clientes - si se hubiera hecho público antes, cree que Oliva "no hubiera sido tratada como fue”, según McClatchy. Un par de semanas después, la Casa Blanca anunció que pondría fin "a la detención a largo plazo" de las mujeres y sus hijos.

Hubo otros factores, sin duda, pero la filtración parece haber logrado resultados tangibles si el calendario de las acciones estatales posteriores no fue casual: Avergonzó al Estado y hacía que sea menos probable que la jueza retroceda en el fallo cuando llegue la fecha para dictaminarlo. La persona que lo filtró, por supuesto, tiene que ser castigada.

"Impactante y vergonzosa", es como la jueza de distrito Dolly Gee, cuyo proyecto de sentencia Johnson había filtrado, caracterizó sus acciones. “O mantiene su promesa o no hace ninguna promesa", dijo ella durante la audiencia disciplinaria del 24 de agosto recordando al abogado de 30 años de edad que había acordado confidencialidad - y ese tipo de acuerdos "no son pedazos de papel que se puedan pasar por alto". Pero la jueza fue relativamente indulgente: en lugar de haberlo inhabilitado, poniendo fin a su carrera, simplemente lo condenó a 75 horas de servicio a la comunidad y le ordenó asistir a "dos cursos de ética jurídica en los próximos seis meses", (después de defender el principio de sus acciones como éticas, Johnson se disculpó ante el tribunal, "admitió su error, alegando que no hubo falta de respeto", según un informe de prensa).

Sin castigo: Ninguno de los funcionarios estadounidenses responsables por la política que la jueza Gee, en un fallo final emitido dos días antes de que ella ordenara al falto de ética Johnson ser reeducado, determinó que hubo violación de la ley por someter a mujeres y niños a las terribles condiciones de las "deplorables" celdas de reclusión. O cuando Chelsea Manning filtró pruebas sustanciales de crímenes de guerra - soldados estadounidenses matando a civiles desarmados en Irak; pilotos estadounidenses secretamente haciendo lo mismo con bombas de racimo en Yemen - es la persona que expone los crímenes de estado la que es tratada como criminal. La Jueza Gee incluso concedió al gobierno que se pronunció en contra: Cuando hay "circunstancias atenuantes", definidas como un aumento en el número de solicitantes de asilo similar a lo observado en el verano de 2013, se puede mantener en detención a las mujeres y sus hijos más allá de los meros cinco días - por cuánto tiempo, nadie puede decirlo.

Podría ser peor: Johnson podía haber mantenido la boca cerrada. El senador Dick Durbin, senador por Illinois, hizo eso. Uno de los demócratas de más peso en la cámara alta, una vez afirmó que tenía información que podía haber frenado la prisa de ir a la guerra con Irak. Un miembro del Comité de Inteligencia, dijo que la administración Bush estaba diciendo al público "que tenga miedo de nubes en forma de hongo", mientras que al mismo tiempo decía a personas como él, que había poca evidencia de que Saddam Hussein estaba construyendo o quería construir armas nucleares.

"Francamente", por más que hubiera querido, "no podía hacer mucho al respecto", dijo Durbin. Había "jurado guardar el secreto".

El resto es historia. ¿Quién sabe si romper su juramento de guardar silencio con el fin de cumplir con su deber como ser humano de ayudar a detener una guerra injustificada habría conseguido algo? No hubiera causado heridos; y hubiera podido salvar vidas. Lo que es indiscutible es que si queremos hacer al estado amoral un poco más humano, podríamos usar más Bryans y Chelseas para exponer su inhumanidad a menudo ilícita - y muchos menos Dicks.

Charles Davis es un escritor de Los Ángeles que ha publicado en medios como The Nation, The New Republic y Al Jazeera.


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