OEA pretende empujar a América Latina y el Caribe a los bordes del abismo

América Latina y el Caribe se encuentran a los bordes de un abismo. El abismo lleva por nombre guerra y armamentismo. El continuo ensañamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el gobierno bolivariano de Venezuela no es fortuito y obedece a un plan que puede arrojar a la región toda a un espiral de degradación social.

Es materia conocida la función histórica con la que ha cumplido esa organización desde su fundación en 1948, en términos de alineamiento con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de América. Basta recordar el aval dado al golpe de Estado en Guatemala (1954), al golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile (1973), al golpe militar en Brasil contra Joao Goulart (1964), a la invasión de Panamá (1964), República Dominicana (1965) y Granada (1983) en la que fue asesinado el presidente socialista Maurice Bishop.

Sin embargo, no es ocioso y sí sumamente instructivo para entender situaciones presentes, repasar en detalle algunos documentos históricos desclasificados por el Departamento de Estado de los EEUU, como la circular enviada el 18 de Febrero de 1954 (dos semanas antes del inicio de la X Conferencia Interamericana de la OEA y cuatro meses y nueve días antes del derrocamiento de presidente democrático Jacobo Arbenz) a “ciertas”oficinas diplomáticas. En ella, el Secretario de Estado Dulles explica que “el asunto del Comunismo en el hemisferio ofrece un caso testigo para mostrar si la relación (con las naciones latinoamericanas) es útil y efectiva. Obviamente si la OEA no asume una postura razonablemente fuerte en la cuestión, será necesario cuestionar la solvencia de las relaciones en la OEA.”
 
Para John Foster Dulles, derrocar a Arbenz era una cuestión casi personal, ya que además de secretario de Estado era accionista y miembro del consejo directivo de la United Fruit Company, cuyos negocios el gobierno guatemalteco quería “arruinar” mediante la Reforma Agraria.
 
En la conferencia de la OEA días después se acusó de pro-comunista a Jacobo Arbenz y fue aprobada la “Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención Comunista Internacional”. Con este antecedente formal, EEUU dio luz verde al general Castillo Armas, quien invadiendo desde Honduras en Junio de 1954 derrocó a Arbenz. Es remarcable que aquella conferencia fue realizada en la Caracas gobernada por el dictador Pérez Jiménez, a cuya caída siguió el excluyente Pacto del Punto Fijo (1958), que bajo la apariencia de gobernabilidad, habilitó que el duopolio de la social democracia (AD) y el socialcristianismo (COPEI) se repartieran el poder en los siguientes cuarenta años, excluyendo a toda fuerza de izquierda. De la cantera de esos partidos han surgido un importante número de cuadros que hoy, desde la Asamblea Nacional en desacato, reclaman desaforadamente una intervención extranjera en Venezuela.
 
El ex presidente dominicano Leonel Fernández en una conferencia en la misma sede de la OEA recordó cómo “en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, se indicó que como consecuencia de la identificación de Cuba con la ideología marxista-leninista y el socialismo soviético, lo que se consideraba antagónico con la Carta de la Organización de Estados Americanos, se decidió excluir al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano.” Más aún, se determinó que “la adherencia de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista rompe la unidad y la solidaridad del hemisferio”.[1]
En esa misma ocasión, Fernández puntualizó como la OEA fue utilizada con el propósito de legitimar la invasión norteamericana de la República Dominicana en1965, simulando una acción de carácter multilateral, para lo cual se constituyó por primera y única ocasión, un organismo político y militar conocido como Fuerza Interamericana de Paz. Aquella acción – ciertamente reñida con los principios declamados por la Carta de la Organización, tenía por objeto impedir que el presidente democráticamente electo Juan Bosch, pudiera retomar su cargo, luego de haber sido derrocado dos años antes.

En el caso del golpe perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, según consta en su informe anual de 1974,  recibió múltiples y reiteradas denuncias sobre asesinatos, privación ilegal de la libertad, tortura, vejaciones, desapariciones, expulsiones forzosas y censura de la libertad de expresión. Las demandas fueron cursadas al gobierno chileno y motivaron visitas de la CIDH a Chile, pero en ningún caso, la Organización de Estados Americanos solicitó la sanción o la expulsión de Chile del organismo, tal como había ocurrido antes con Cuba.

A los demás encubrimientos ya mencionados, se sumarían en los años 80 la inmovilidad de la OEA frente a la guerra financiada e instigada por los mismos EEUU contra el sandinismo triunfante en Nicaragua. Aquí la estratagema utilizada fue el desfinanciamiento intencional del organismo por parte de la administración Reagan.

En ocasión de la Guerra de Malvinas, la OEA sacó una resolución el 29 de mayo de 1982 condenando el “injustificado y desproporcionado ataque del Reino Unido”, haciendo un llamamiento a los Estados parte a apoyar a Argentina y pidiendo a los Estados Unidos abstenerse de apoyar a Gran Bretaña en el conflicto.[2] Luego de que la potencia norteamericana obrase en contra de tal declaración de manera unilateral, no hubo condena ni pedido de expulsión alguna.
 
Tampoco se levantó la OEA contra las matanzas llevadas a cabo por el ejército fascista en Guatemala y El Salvador en el marco de su guerra contra las guerrillas sublevadas y los esfuerzos de paz finalmente eficaces provinieron del Grupo de Contadora, lanzado inicialmente por México, Colombia, Panamá y Venezuela, con el explícito rechazo de los Estados Unidos.
 
En 1989, los marines invadieron Panamá, para apresar a Noriega. El representante permanente de los EEUU ante la OEA, Luigi Einaudi, expresó dos días después del desembarco ante el Consejo Permanente de la organización que “invocar el principio de intervención en este caso, pondría a la OEA del lado de los dictadores y tiranos de este mundo, en vías de extinción”.
 
Tampoco entonces ningún secretario general del ministerio de las Colonias levantó la voz invocando “carta democrática” alguna.
 
Y no podría asegurarse que las cosas hoy fueran distintas, si se observa quién es el principal financista de la organización. Según datos propios, el Fondo Regular, de un total de 83,48 Millones u$ (2016) es cubierto en casi un 60% por los Estados Unidos. Otro 30% corre a cargo de sus socios menores Canadá, Brasil y México, aportando los restantes 30 miembros un 10% del presupuesto total. [3] Y es sabido que el que paga el baile, pone la música.
 
En vista de estos antecedentes inequívocos, queda claro que el plan actual de ataque contra la República Bolivariana de Venezuela apunta, una vez más, a eliminar todo foco de soberanía política o postura anticapitalista y a aumentar la gobernanza ilegítima del pretendido imperio norteamericano sobre la región, en detrimento de toda posible relación sur-sur, de toda integración regional autónoma o de alianzas económicas y geopolíticas globales multilaterales, que pudieran socavar el unilateralismo.
 
Más allá del estricto interés geopolítico, en el marco de la necesidad estadounidense de no perder más terreno en la competencia económica con China y otras naciones emergentes, el diseño de la actual ofensiva pareciera además cuadrarse con los requerimientos del complejo militar industrial norteamericano y en particular con las necesidades de su industria armamentista, una de sus principales fortalezas productivas.

 
El negocio está difícil, la competencia aumenta
En razón del abultado déficit de la administración norteamericana, las empresas proveedoras de armas e insumos para las distintas secciones de las fuerzas armadas de ese país, debieron compensar en años anteriores los disminuidos contratos federales con clientes externos.
 
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y la retracción económica mundial, si bien no hicieron disminuir el volumen total del gasto militar, lograron retraer en algo su crecimiento. A pesar de los severos conflictos armados en el mundo, el gasto total militar mundial aumentó “solamente” un 1% en 2015. Las expensas desmedidas en el Asia equilibraron la cuenta.
 
Pese a ello, las cifras del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señalan que las ventas totales de las diez principales compañías armamentistas – 8 de ellas norteamericanas – cayeron entre 2010 y 2015 en un 22% (de 245 mil a 201 mil millones de dólares).
 
Los mismos EEUU, por lejos el mayor consumidor de armamento del mundo, con un presupuesto de unos 600 mil millones de dólares anuales, ha reducido entre 2011 y 2015 su gasto en un 16.5%. Algo similar ocurre con Europa Central. También África y América Latina han disminuido sus compras de armamento. Además han surgido fuertes competidores en el mercado, Rusia (25% de la venta total de armas), China, durante varios años comprador de primera, ya se ha convertido en el tercer mayor exportador con un 6% de la torta, superando en las ventas a Francia, Alemania y el Reino Unido. También India, Brasil y Polonia compiten, algo más retrasados, en esta liga del terror.
 
Todo lo cual sitúa a la industria armamentística norteamericana ante el reto de contrarrestar su relativo retroceso.
 
El Viejo “New Deal”
 
Luego del derrumbe bursátil de 1929, la economía norteamericana quedó pulverizada. La difícil tarea de recuperación sería encomendada a Franklin Delano Roosevelt, el cual acudió a las fórmulas del keynesianismo para inyectar liquidez y trabajo a los alicaídos ciudadanos norteamericanos.
 
Pero el gran negocio apareció con la II guerra mundial, ya no era el New Deal, era el Big Deal. Todas las fuerzas productivas posibles fueron movilizadas para el abastecimiento de la destrucción a escala planetaria. La industria automovilística fue obligada a fabricar aviones bajo reticencia de los empresarios y fuerte presión de los sindicatos. La producción de aviones se multiplicó 28 veces entre 1939 y 1945. Los alicaídos astilleros cobraron nueva vida, llegando la producción de naves a ser 17 veces mayor al finalizar la guerra que en sus comienzos. La guerra significó para el Águila no sólo la posibilidad de producir para destruir a otros, sino también de producir para abastecer a las sociedades destruidas.[4]
 
El PBI estadounidense creció entre 1940 y 1945 de 101 a 173 mil millones gracias a la producción militar y a un abultado gasto federal, cuyas partidas para defensa llegaron a ser del 90% del presupuesto total en el último año de la guerra.[5]
 
Y este antecedente histórico es el que preside el horizonte estratégico de desarrollo económico en los EEUU: la maquinaria armamentista permite activar el mercado interno, destruir competidores e infraestructura y participar de la reconstrucción de lo destruido, haciéndose además de los recursos de los países doblegados. Eso ha sido así en todas las presidencias anteriores y mucho menos cambiará con Trump, cuyo gabinete está cargado de estrategas violentos, militares duros y hombres de las finanzas y de las corporaciones.
 
Es tal la sinergia entre el Estado norteamericano y los fabricantes de armas que existe un mecanismo llamado Ventas Militares al Extranjero (FMS por sus siglas en inglés), por el cual el Estado mismo se ocupa de actuar como intermediario, gestionando ventas de las empresas a compradores extranjeros, sobre todo, en los casos donde los volúmenes son menores o hay falta de experiencia en el manejo de transacciones o de determinados materiales bélicos.
 
A escasos días de iniciado su período presidencial Trump anunció que pretende aumentar las expensas militares en US$ 54 mil millones, llevando el presupuesto de “Defensa” a un total de US$ 658,5 mil millones.
El peligro del armamentismo se cierne sobre América Latina y el Caribe
Aún si no se llegara a desatar una guerra total – más allá de la guerra mediática, económica y financiera con la que hoy se ataca a Venezuela – existe el peligro cierto de que la retórica y las acciones diplomáticas conduzcan a una escalada armamentista en la región.
 
Una invasión unilateral norteamericana parece improbable. Sin embargo, cualquier escaramuza podría ser el chispazo en el polvorín, suscitando una clara y justificada reacción gubernamental, la cual sería seguida por una inmediata reacción mediático-diplomática condenatoria y la amenaza de constituir fuerzas de ocupación multinacionales “apoyadas” por países satélites, favorables a la conspiración internacional de derecha, como Argentina, Paraguay, Perú y otros.
 
Colateralmente, el nuevo clima político (y operadores a cargo) azuzan a los distintos gobiernos de derecha de la región a prepararse para eventuales escenarios de confrontación. O fomentan, con distintas modalidades y argumentos, la opción armamentista recreando conflictos fronterizos preexistentes y las necesidades crecientes de seguridad interior, ya sea contra la delincuencia organizada o en represión de levantamientos sociales producidos por sus mismas políticas.
 
Así, estas maniobras, mientras tratan de obtener nuevamente el dominio económico y político sobre la región neocolonizada, abren el surco para que sus compañías de armamento recuperen la delantera, frenando la expansión china y la provisión rusa, alimentando la supuesta recuperación económica del poder central.
 
Como muestra de todo esto, en la reciente reunión del presidente peruano Kuczinski con Trump en Washington, el anfitrión insistió en confirmar la compra de vehículos fabricados por General Dynamics para el ejército del Perú con un costo estimado de 668 millones de dólares. O la venta de sistemas de misiles, aprobada ya en 2016 por el Departamento de Estado al gobierno chileno y valuada en 140 millones de la misma moneda. [6]
 
En la misma línea, el sitio web El destape, dio a conocer en una nota fechada el 26/3 la lista de armamento que Argentina solicitó a Estados Unidos a mediados del año pasado. El paquete incluye aviones caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros similares a los utilizados en la Guerra de las Islas Malvinas, por un total de más de dos mil millones de dólares.[7]
 
A todo esto se suma la tendencia militarista de Brasil, en donde el 4 de Abril comenzará la feria de armamento Laad, que según información propia contará con más de 600 marcas expositoras y la asistencia de 195 delegaciones oficiales.
 
Todas estas señales indican que los Estados de América Latina y el Caribe, verán crecer una vez más los presupuestos militares. Como contraste, en los últimos seis años, la región había logrado reducirlos en un 3%, representando en la actualidad un 1.28% de su PBI total.
 
El desquicio social al que conduce el armamentismo es harto conocido. La reasignación presupuestaria, el nuevo endeudamiento y el posterior servicio de deuda implican ineludibles dificultades para atender las necesidades básicas de las poblaciones, en especial, de los sectores más vulnerables. Y hacen aún más remota la posibilidad de revertir la galopante desigualdad. Una vez más, salud, educación, vivienda y cultura quedan postergadas por las apetencias del capital y la connivencia o debilidad de gobiernos de derecha.
 
Ése el final de la tragedia que comienza si prospera la mentira de Almagro en la OEA, impulsada por EEUU y secundada por gobernantes cómplices, que sin duda, como malos parroquianos, se irán sin pagar la cuenta.

Artículo tomado de Pressenza