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(Foto:Reuters)

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Publicado 10 octubre 2014



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La política de Estados Unidos hacia los inmigrantes indocumentados perjudica a las mujeres de muchas maneras, entre otras, las hace vulnerables al abuso, a la violación y a otros tipos de violencia.
Tres historias verdaderas, con nombres y lugares cambiados: Virginia da Loma, inmigrante brasileña, trabajaba para un servicio de limpieza en Chapel Hill, Carolina del Norte. Un día el propietario del servicio llegó mientras ella estaba limpiando una casa vacía y la obligó a tener relaciones sexuales, amenazándola con despedirla si se negaba. El jefe de Claudia Gómez en la empacadora de vegetales donde trabajó en la Florida, comenzó diciéndole lo atractiva que era, que él simplemente no podía resistirse a ella; le asignaba repetidamente tareas que les dejaban a solas a los dos. Entonces la amenazó no solo con despedirla si no cedía, sino también denunciarla a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia responsable de encontrar y deportar a los inmigrantes indocumentados,, por sus siglas en inglés). Cuando Ángela Feliz, quien trabaja cortando y empaquetando lechuga en California, rechazó las insinuaciones de su capataz, él comenzó a acosarla refiriéndose a ella públicamente como lesbiana.

La política de Estados Unidos hacia los inmigrantes indocumentados perjudica a las mujeres de muchas maneras - separándolas de los niños y dejándolas sin apoyo, haciendo más difícil mantener a sus familias. Una forma muy particular de perjuicio es el físico y la inmediata amenaza a la vida corporal y la salud, ya que las mujeres indocumentadas son especialmente vulnerables a la violencia y no pueden conseguir ayuda legal.

Las razones para la falta de recursos para mujeres indocumentadas son evidentes: las mujeres que acuden a la policía o a una agencia de servicios sociales probablemente no tengan permiso legal para permanecer en los EE.UU. Este es el motivo por el que muchas fuerzas policiales - que en los EE.UU están a cargo tanto de ciudades como de pueblos y por lo tanto varían ampliamente en sus políticas - prefieren no preguntar o informar sobre la situación de residencia. Esto debido a que si los inmigrantes saben que pueden ser reportados a ICE, serán renuentes a denunciar delitos u ofrecer cualquier información a los agentes de policía.

Con respecto a la violencia, las mujeres enfrentan un doble riesgo debido a que son más propensas a ser acosadas y atacadas. En los campos agrícolas corporativos de California, donde la gran mayoría de los trabajadores son de origen extranjero, el 90 por ciento de las trabajadoras agrícolas identificaron el acoso sexual como un problema serio. La mitad de esas trabajadoras son indocumentadas. Como una trabajadora agrícola de Carolina del Norte dijo: "Un hombre puede acosarte en los campos donde las plantas son más altas que tú". Otra describe cómo los chicos se tocan a sí mismos, simulan relaciones sexuales entre ellos y hacen comentarios como: "Ayer por la noche soñé contigo, si supieras lo que soñé y todas las cosas que te hice". En las plantas empacadoras de carne en Iowa y Nebraska, peligrosas para todos ya que hay trabajadores presionados y cansados que andan con afilados cuchillos, trabajadoras indocumentadas están por todas partes. La historiadora Deborah Fink reportó que el intercambio de favores sexuales se normalizó a tal punto que era aceptado como condición para obtener un empleo.

Igual de difícil es la situación de las mujeres indocumentadas víctimas de sus propios compañeros. Un 48 por ciento de latinas en los EE.UU. dicen que la violencia de su pareja contra ellas ha aumentado desde que llegaron a EE.UU. A veces la violencia se intensifica debido al estrés de los hombres; a veces porque las mujeres tienen sus propios trabajos y no pueden quedarse en casa, o porque las mujeres tienen más dinero y adoptan actitudes más independientes; y a veces porque los hombres saben que las mujeres no se atreverían a quejarse. El 60 por ciento de las mujeres nacidas en Corea dijeron haber sido maltratadas por sus esposos. En el 2004, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York reportó que la mayoría de mujeres asesinadas por sus parejas en la ciudad de Nueva York eran inmigrantes. Las razones para quedarse con parejas abusivas son conocidas, en particular porque dependen económicamente de estos hombres - y los EE.UU ofrecen muy poco apoyo económico para mujeres solas con hijos. Ahora imagine todas estas razones multiplicadas por el miedo a ICE. Temen no sólo ser deportadas y posiblemente separadas de sus hijos, sino el miedo a que sus parejas sean también deportadas. Por supuesto, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir ninguna de las formas de ayuda del gobierno. Ni siquiera son elegibles para recibir seguro médico bajo la Ley de Asistencia Asequible (también conocida como Obamacare).

Voceras feministas intentaron aliviar estos problemas y persuadieron al Congreso a aprobar la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994. Esta ley permite a una víctima de violencia solicitar una visa de inmigrante legal, y hacerlo sin el conocimiento del abusador. Cuando la ley estaba siendo reautorizada en 2013, los legisladores republicanos propusieron su propia versión. Habría requerido que las mujeres solicitantes notifiquen a sus agresores que estaban solicitando un visado, lo que habría sido un estímulo obvio para aún más violencia; habría permitido que el abusador presente una declaración oponiéndose a la solicitud de visa de su víctima; y sólo se daba a la víctima un tiempo de espera temporal para su deportación. Al mismo tiempo, la versión republicana también iba dirigida contra los abusadores, los que podían ser deportados bajo la base de una acusación no corroborada. Como siempre, los Republicanos en el Congreso, buscando la manera de aumentar las deportaciones.

Por suerte, el proyecto de ley republicano fue derrotado, y la Ley de Violencia contra las Mujeres fue reautorizada. Pero sólo ofrece ayuda a una pequeña minoría de mujeres indocumentadas víctimas de la violencia y el acoso. Mientras la policía y las agencias de servicios sociales sigan informando a ICE, la amenaza de deportación mantendrá a los indocumentados en las sombras, desde donde no tienen acceso a la justicia. Mientras continúen siendo excluidas hasta de los programas de ayuda más magros, que les permite renunciar a un trabajo donde son acosadas y atacadas, será muy difícil rehusarse y escapar del abuso.


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