México: Michoacán y el monopolio de la fuerza

El “caso Mireles” es la punta de un iceberg que remite a un fenómeno poco analizado e invisibilizado mediáticamente, cuyas dimensiones trascienden a las autodefensas civiles y los límites del estado de Michoacán. Junto con la construcción social del “enemigo interno” −especialidad de la guerra sicológica que conlleva la manufactura antipática del otro, el villano de turno a estigmatizar y destruir−, en los últimos años hemos venido asistiendo a una delegación del monopolio de la fuerza y la seguridad interna, que en algunas regiones del país cohabitaron o pasaron parcialmente de los órganos coercitivos del Estado (las fuerzas armadas y las distintas policías) a grupos de civiles armados, bajo las variables de agrupaciones delincuenciales vinculadas a la economía criminal, escuadrones de la muerte, grupos paramilitares y/o empresas de seguridad privada integradas por mercenarios.

Si bien la gestación y el desarrollo de ese fenómeno se iniciaron durante los gobiernos del “viejo PRI”, a finales del siglo pasado, su consolidación se ha venido dando en los dos gobiernos de Acción Nacional y lo que lleva el régimen autoritario de Enrique Peña Nieto. En particular, el paramilitarismo de última generación −que engloba a escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social− apareció con mayor nitidez durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que también cobraron amplia visibilidad agrupaciones delincuenciales como La familia michoacana, Los caballeros templarios, Los zetas, Los matazetas y otros, que en el marco de la retórica declaración de “guerra” a las drogas recibieron amplia difusión mediática según los contenidos y las matrices de opinión suministradas por fuentes gubernamentales.

La complejidad, diversidad y fluidez de esas estructuras de civiles armados, sus constantes procesos de renovación y reorganización, así como la amplia gama de sus actividades −la mayoría de las veces en confluencia de intereses con asociaciones políticas a escalas nacional, regional y local, y vínculos con grupos del aparato estatal y servidores públicos−, hacen difícil su abordaje.

No obstante, en los últimos dos lustros es factible identificar distintos tipos de comportamiento paramilitar, que incluyen la perpetración de muertes selectivas por escuadrones de la muerte y grupos de vengadores anónimos o limpieza social; la conducción de campañas violentas de carácter masivo, con matanzas y desplazamiento forzoso de población (en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Morelos, Michoacán, etcétera); el patrullaje localizado y el control poblacional con propósitos contrainsurgentes en zonas de producción agroindustrial, maderera, petrolera, minera o ricas en biodiversidad; procesos de expansión y ocupación territorial paramilitar; la inversión y participación en actividades económicas lícitas e ilícitas; la promoción de acción social y política en poblaciones y zonas aisladas, y la promoción de movimientos políticos bajo la cobertura o mediante alianzas con partidos con representación parlamentaria nacional o estatal.

Cabe recordar que sobre las fuerzas armadas recae la responsabilidad constitucional de salvaguardar el territorio y la soberanía nacional, y de coadyuvar, junto con las diversas policías, al mantenimiento de la seguridad interior. A ambos estamentos oficiales, el militar y el policial, se les ha encomendado garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública, y mediante los llamados operativos conjuntos y las brigadas mixtas han venido actuando de manera mancomunada en los últimos ocho años.

Sin embargo, de tiempo atrás, uno de los elementos determinantes de algunos grupos de civiles armados que controlan territorios y mercados de la economía criminal es su relación con miembros de las fuerzas pública y castrense y las élites políticas y económicas locales. Resulta evidente, también, que en varias partes del país las estructuras armadas del Estado (Ejército, Marina de guerra y las distintas policías) han venido llevando a cabo una delegación de sus funciones de autoridad y de la seguridad interna bajo argumentos de necesidad o son el resultado de transacciones de mutua conveniencia.

Entre las causas que se arguyen para tal delegación de funciones figuran la incompatibilidad de la naturaleza centralizada del mando militar con las necesidades tácticas de la guerra (contra el terrorismo o el narcotráfico); la carencia de recursos para cubrir todo el territorio nacional de manera permanente; el tipo de terreno físico impide el sostenimiento de operaciones militares regulares, y la actividad armada desarrollada por diversos grupos civiles desborda los límites del combate convencional o regular.

Cualquiera que sea la razón de la delegación de la seguridad oficial a sectores privados que actúan bajo modalidades irregulares, el resultado implica una transferencia de la autoridad y del control sobre la violencia organizada a agentes no estatales (paramilitares), y una pérdida cualitativa del ejercicio de la soberanía por parte del Estado, así como la introducción de formas arbitrarias de gobierno y control social. Como ocurre en el espejo colombiano, la promoción de violencia no estatal implica un elevado riesgo de desvío de poder y aprovechamiento particular, tanto en el campo político como económico, riesgos particularmente visibles a escala local, en regiones rurales apartadas y zonas urbanas marginales y semimarginales.

Por extensión, en casos como Michoacán y Tamaulipas, y antes en el valle de Juárez, Chihuahua, cuando se implanta lo paramilitar en las instituciones oficiales se afecta el estado de derecho mediante la introducción de intereses particulares (muchas veces ilegales), no sólo en operaciones de aplicación de la ley, sino en la creación y adopción de nuevas normas y formas de gobierno, sin respetar los regímenes prexistentes. Verbigracia, el interinato de Jesús Reyna en la gubernatura de Michoacán y, hoy, el virreinato del comisionado federal Alfredo Castillo.

Fuente: http://bit.ly/1xNFOS3