"Fue el Estado': Desenmascarando la narrativa oficial sobre Ayotzinapa | Opinion | teleSUR
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Una manifestante con el número 43 escrito en su rostro, que simboliza los 43 estudiantes que fueron secuestrados el 26 de septiembre

Una manifestante con el número 43 escrito en su rostro, que simboliza los 43 estudiantes que fueron secuestrados el 26 de septiembre | Foto: Reuters

Publicado 5 octubre 2015
 El periodista John Gibler investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ha pasado un año y todavía no se sabe el destino de los 43 estudiantes de la universidad Rural de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, México.

Sabemos ahora, sin embargo, más de lo que sabíamos el año pasado. Sabemos que los ataques de la policía contra los estudiantes duraron más de tres horas, que se llevó a cabo en nueve lugares diferentes en y alrededor de Iguala, con la participación de cuerpos oficiales de la policía municipal, estatal y federal que dieron como resultado seis personas asesinadas, 40 heridos, uno de los cuales quedo en un coma y 43 desaparecidos.

Sabemos también que el gobierno ha acumulado un expediente con un total de 115 volúmenes y ha acusado a 82 personas, pero sobre todo ha basado su investigación en tres confesiones que se contradicen mutuamente.

Un informe reciente de un grupo independiente de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos del Humanos –  conocido como GIEI - desacreditó la conclusión del gobierno que delincuentes confundieron a los estudiantes con miembros de una pandilla rival de traficantes de drogas, enviaron a la policía de Iguala para capturarlos y entregarlos, y luego los llevaron a un aislado vertedero de basura cerca de Cocula, los mataron e incineraron sus cuerpos en una pira de basura y madera que ardió hasta las 5 pm hora local del siguiente día.

El experto en incendios del GIEI, José Torero, un peruano con un Ph.D. de la Universidad de Berkeley, llegó a la conclusión de que para generar el calor necesario para incinerar 43 cuerpos humanos en el vertedero de basura de Cocula, el fuego habría necesitado 30 mil kg de madera, 60 horas para quemarse y se habría propagado tanto que hubiera incendiado todo el vertedero y el bosque circundante, creando una columna de humo de 300 metros en el aire y radiando un calor tan intenso que cualquier persona que se hubiera acercado lo suficientemente cerca para tirar más leña al fuego, como los testigos confesos afirman que lo hicieron, quedaría chamuscada más allá del reconocimiento.

Viajé al vertedero de Cocula varias veces durante el año pasado. Dos veces hablé con los trabajadores de basura municipales de Cocula. Los dos hombres que trabajaron el sábado 27 de septiembre del año pasado me dijeron que fueron al basurero alrededor de la una de la tarde, cuando el fuego de los asesinos todavía habría estado ardiendo y depositaron la basura allí sin incidentes. No había fuego. No había nadie, dijeron, y la zona estaba todavía húmeda por la lluvia de la noche anterior.

Marcela Turati publicó en la revista Proceso en octubre 2014 que el vertedero estaba todavía en uso después del 26 de septiembre, los trabajadores me dijeron que los agentes federales fueron a sus casas, se los llevaron a la ciudad de México y les amenazaron con enviarlos a prisión de máxima seguridad si no "dejan de decir mentiras". Uno de los trabajadores mencionó que claramente les dijo a los agentes federales que no sabía leer ni escribir, sin embargo se vio obligado a poner su huella digital en "incontables hojas de papel".

La conclusión del GIEI fue que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el vertedero de basura de Cocula el 27 de septiembre del 2014, no sólo por el análisis forense, sino también por los dos testigos oculares (por no hablar de centenares de residentes de Cocula que no recordaban haber visto columnas de humo a finales de septiembre). Sin embargo, el gobierno insiste en mantener la teoría de Cocula, torciendo y haciendo caso omiso de la evidencia, como en la reciente falsa afirmación del Fiscal General, Arely Gómez, que los restos de un segundo estudiante habían sido identificados positivamente.

Esta insistencia con el escenario del basurero ha desviado la atención de las declaraciones de testigos y pruebas documentales del estado de Guerrero y la participación de la Policía Federal Mexicana en los ataques contra los estudiantes. Durante el último año, entrevisté a más de 30 sobrevivientes de los ataques en Iguala. Varios testigos identificaron a policías estatales y federales que participaron en los ataques en cuatro lugares distintos durante un período de varias horas.

El informe del GIEI confirmó estos testimonios, sin embargo, esa confirmación no ha sido ampliamente reportada, eclipsada por el debate sobre el vertedero de basura.

El informe del GIEI va más allá, citando el testimonio del expediente de dos oficiales de inteligencia militar vestidos de civil que dijeron a los funcionarios estatales que ellos observaron los ataques en los dos lugares donde fueron desaparecidos los 43. Estos hechos por si solo -la participación del estado y la policía federal y la observación militar de los ataques socavan la historia de la fiscal federal sobre delincuentes que confundieron a los estudiantes con una banda rival.

El informe del GIEI también reveló defectos importantes en la investigación del gobierno: escenas del crimen que nunca fueron analizadas; sospechosos que probablemente fueron torturados; testigos esenciales que nunca se entrevistaron; imágenes de la cámara de seguridad de uno de los sitios de la desaparición forzada que fue recuperada y destruida por un funcionario no identificado; la ropa que se encontró en las escenas de los crímenes nunca fue analizada; y, quizás lo más sorprendente, falta un autobús.

Durante meses, tanto el gobierno mexicano como la prensa informaron que la policía atacó a los estudiantes a bordo de cuatro autobuses requisados. Eso es incorrecto: esa noche los estudiantes viajaron a bordo de cinco autobuses requisados. Este hecho tiene una importancia fundamental, en primer lugar porque la policía tomó a los 43 estudiantes que desaparecieron de dos autobuses (no de uno, como se informó inicialmente) en dos lugares distintos en Iguala.

En uno de esos lugares - debajo de un paso elevado, justo al frente de la oficina de los fiscales en Iguala, Estado de Guerrero - numerosos testigos identificaron a policías federales que participaron en las desapariciones.

La ubicación del bus del que la policía los llevó es visible desde la cámara de seguridad cuyo material de archivo de esa noche fue misteriosamente recuperado y destruido. También es importante porque el informe del GIEI reveló que el otro bus en ese lugar, el que ellos llaman el quinto autobús, a unos cien metros de distancia del paso elevado, está desaparecido.

Cuando los expertos pidieron ver ese autobús, fueron conducidos a otro completamente distinto, preparado para que parezca que había sido atacado. El problema, sin embargo, es que ese autobús en particular no fue atacado: la policía federal, apuntando sus armas, confrontó a los estudiantes, que se bajaron del autobús y escaparon a las colinas circundantes. Cuando el GIEI demostró que ese autobús no era el que buscaban, los funcionarios federales no pudieron producir el ahora famoso "quinto autobús".

Esta notoria ausencia tanto en el expediente como en la vida real llevó al GIEI a proponer un posible motivo para explicar la complejidad de los ataques y el uso desproporcionado de la violencia abrumadora en contra de los estudiantes esa noche: hombres  jóvenes de sandalia y camiseta y de algunas de las regiones más necesitadas de México habían requisado sin querer un autobús que transportaba un cargamento importante de heroína en camino a los Estados Unidos.

Si esta hipótesis fuese demostrada como cierta, sería una acusación seria, tanto a México como a los Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas. Aquí tendríamos un caso que demuestra que cuando una carga importante de drogas está en situación de riesgo, ¿a quien llaman sus cuidadores para salvarla? El Estado. No sólo a los “corruptos’ policías locales, sino también al estado y a la policía federal, todos actuando en coordinación y bajo la observación de la inteligencia militar. Esto daría un nuevo sentido al constante canto de los manifestantes por Ayotzinapa: Fue el estado.

**John Gibler es autor de ‘Mexico: Unconquered: Chronicles of Power and Revolt’.


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