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El 5 de enero, una corte española emitió órdenes de arresto a los 17 militares retirados vinculados a la masacre en la universidad.

El 5 de enero, una corte española emitió órdenes de arresto a los 17 militares retirados vinculados a la masacre en la universidad. | Foto: Reuters

Publicado 26 enero 2016

Exmiembros de un escuadrón de la muerte salvadoreño entrenado por Estados Unidos podrían enfrentar la justicia luego de masacrar a seis curas y dos mujeres hace 26 años.

El comienzo de un nuevo año en El Salvador trae la oportunidad de sanar viejas heridas.

Durante las primeras semanas de enero, unos 20 oficiales militares retirados, que están acusados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en el país centroamericano, serán procesados por sus crímenes. Gran parte de los cargos contra los exsoldados se relacionan solo a una masacre en el Salvador, pero al menos uno de los excomandantes está implicado directamente en las múltiples atrocidades cometidas en los 12 años de conflicto. Unas 75 000 personas perdieron la vida durante la guerra y miles desaparecieron en una serie de actos salvajes contra los derechos humanos que fueron perpetradas por las fuerzas gubernamentales de derecha apoyadas por Estados Unidos.

Es de extrema importancia el desarrollo de estos eventos.

Además del desenlace que podría ofrecerse a las víctimas de los abusos a los derechos humanos y sus familiares en la era de la guerra, la aprehensión y juicio de los criminales de guerra acusados en El Salvador son señales del final de la impunidad de la que gozaban miembros de la vieja guardia; algunos de ellos son responsables por brutales campañas de violencia, como la masacre de seis curas y dos personas más en una universidad en San Salvador.

El 16 de noviembre de 1989, un puñado de soldados ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana (UCA). Los miembros de la brigada élite Atlacat, un escuadrón de la muerte armado y entrenado por Estados Unidos, asesinaron a un grupo de curas jesuitas, a una bedel y su hija adolescente. Entre las muertes estaba Ignacio Ellacuria, rector de la universidad, notable defensor de la teología de la liberación y crítico del régimen conservador que gobernaba a El Salvador durante la guerra. Los otros cinco curas eran de nacionalidad española.

Es un cambio importante en El Salvador el hecho de que funcionarios del gobierno son los que están listos para tomar parte en la captura y procesamiento de estos personajes, acusados de crímenes de guerra.

Al inicio, los militares trataron de culpar a los rebeldes del FMLN. La brigada Atlacatl utilizó armas que habían tomado de los combatientes guerrilleros y luego de asesinar a los curas dentro del campus, planearon un falso ataque en la universidad para inculpar a los rebeldes del hecho. Para asegurarse de que nadie preguntase por los responsables de esa masacre, las tropas ubicaron un letrero de cartón cerca de las víctimas que decía: “El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte. FMLN”.

A pesar de que muy pocos creían en este engaño de los militares, la justicia, en este caso, ha sido esquiva, al igual que para incontables víctimas de las violaciones de los derechos humanos en la guerra civil salvadoreña. En 1991, se llevó a juicio a un grupo de oficiales involucrados; dos soldados fueron encontrados culpables y se les sentenció a prisión. Sin embargo, poco después, todos los acusados fueron absueltos de toda responsabilidad por los asesinatos. Una ley de amnistía que la que aprobó la Asamblea Legislativa, luego de los acuerdos de paz de 1992, ofreció impunidad a todos los implicados en los crímenes de guerra en las décadas anteriores.

Hasta ahora

El 5 de enero, una corte española emitió órdenes de arresto a los 17 militares retirados vinculados a la masacre en la universidad. Al día siguiente, el gobierno de El Salvador mostró su disposición para cooperar. El defensor del pueblo y de derechos humanos salvadoreño, David Morales, en una conferencia de prensa, declaró a los reporteros que “existe la obligación de procesar estos actos y debido a la falta de justicia doméstica, entonces estamos obligados a cooperar con el proceso legal que la corte española está liderando”.

En el pasado, las autoridades españolas han tratado de que se arresten a esos militares, pero no han tenido éxito. En 2011, España presionó para que se capturaran, pero la Corte Suprema de Justicia salvadoreña rechazó este pedido. La Corte halló que las órdenes de captura a los 17 soldados que emitió la interpol exigían que las autoridades salvadoreñas encontraran a los hombres, pero que no los arrestaran, sin embargo, dichos oficiales estaban protegidos bajo la ley de amnistía que el gobierno había promulgado. Esto cambió el año pasado cuando la Corte revirtió esta decisión y así se abrió el camino para su arresto y extradición.

Los arrestos pendientes no son la única señal de que se ha alcanzado un límite para los crímenes del pasado en El Salvador. Una semana después de identificarse los 17 militares para ser arrestados, un ex ministro de Defensa, José Guillermo Merino, fue deportado de Estados Unidos - donde había residido desde finales de los años 80 - a El Salvador por distintos crímenes cometidos durante su mando. Entre otros incidentes, García está vinculado al asesinato de cuatro monjas estadounidenses, el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, además de las masacres de Río Sumpul y el Mozote.

De acuerdo al testimonio confiable, incluido en el caso García-Merino, de Terry Lynn Karl, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, él argumentó que las Fuerzas Armadas de El Salvador “se involucraron en un extendido patrón y práctica de masacres, tortura y detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudicales y otras dantescas violaciones a los derechos humanos” bajo el mando de García. “El General García estuvo a cargo durante el periodo en el que se cometieron los peores actos de represión en la historia moderna de El Salvador”, escribió Karl. “Al menos 75 por ciento de la violencia documentada en El Salvador ocurrió durante el ejercicio del general García como ministro de Defensa”.

Estos progresos reflejan un empuje similar para el proceso de justicia que ha comenzado en la región. Se ha tomado una serie de acciones contra los militares en Guatemala acusados de violaciones a los derechos humanos en la guerra civil de ese país. Mientras el juicio del ex hombre fuerte Efraín Ríos Montt se ha visto retrasado, los procesos de otros presuntos criminales de guerra parecen avanzar exitosamente. El mismo día que El Salvador accedió a actuar contra los involucrados en la Masacre de UCA, Guatemala arrestó a 18 de sus soldados en retiro acusados de crímenes de guerra.

A pesar de que Guatemala parece dispuesto a avanzar a paso firme para asegurar la justicia transicional, El Salvador enfrenta muchos obstáculos en el camino. Algunos tribunales extranjeros fueron los responsables de iniciar los procesos más recientes contra los criminales de guerra salvadoreños mientras que, hasta la fecha, los tribunales nacionales se han dado a la tarea de no prestar atención a los casos relacionados con crímenes cometidos durante la guerra. De hecho, mientras que los funcionarios del gobierno han prometido extraditar a los diecisiete oficiales a España, todavía no tienen a ninguno bajo custodia. Tampoco está claro, que le espera legalmente a García tras su deportación de Estados Unidos.

Todavía existen serias dudas acerca de la naturaleza selectiva de la rendición de cuentas en el país. Por ejemplo, la reciente sentencia de la corte constitucional contra el "terrorismo" volvió a la palestra cuando el inspector jefe Joaquín Hernández exigió que El Diario de Hoy fuese investigado por su campaña de instigación al "miedo y terror" en su cobertura de las pandillas. A pesar de lo repugnante que puede ser la política de El Diario, la afirmación de que dicho diario está provocando terror, es una seria interrogante sobre libertad de prensa en El Salvador y podría sentar un desagradable precedente en la guerra del gobierno contra las pandillas y la oposición política.

Sin embargo, pareciera que hay importantes cambios en El Salvador debido a que los funcionarios del gobierno parecen estar listos para participar en la detención y enjuiciamiento de los acusados de crímenes de guerra. Históricamente, ha existido mucha precaución al establecer reglas que abordan asuntos de la justicia transicional en casos relacionados al conflicto civil salvadoreño. En su haber, el ex presidente Mauricio Funes tuvo la valentía de reconocer el papel del Estado en las atrocidades de la guerra, pero no se pudo lograr nada. Durante las últimas semanas, sin embargo, la reticencia oficial a corregir pasados errores se parece estar disipando.

Independientemente de la causa - presiones nacionales o internacionales, éxitos internos maniobras de jueces y abogados valientes dentro del sistema judicial del país, etc. – se ha presentado una oportunidad para comenzar a derrotar la impunidad que asola a El Salvador desde hace décadas. ¿El Gobierno tendrá la valentía de continuar desenterrando el pasado a pesar de todos los riesgos que involucra la política real? Esperemos que no. ¿Reconocerán honestamente la historia reciente del país y a los responsables por los episodios más sangrientos de El Salvador? ¿Garantizarán que no se les niegue la justicia a las víctimas de una guerra cruel, a pesar de todos estos años?

Mejor tarde que nunca.

Michael Busch es Editor sénior en la revista Warscapes.


teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección

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