Blancas, prolijas y seguras: ciudades derechas

El concepto de derecho a la ciudad acuñado por Lefebvre, en la década del ´70, ampliaba al registro de derechos individuales y colectivos e impulsaba a reflexionar sobre el derecho de las personas, inscribiéndolas en la ciudad y sus formas de ser habitada. La ciudadanía ampliaba así sus horizontes para pensarse en relación al espacio público, a los servicios, al impacto urbano sobre las vidas y a las prácticas comunicacionales o expresivas. El derecho a la ciudad implicaba la motivación de la sociedad civil para recrearla como parte de un proyecto colectivo.

El giro a la derecha en América Latina no ha dejado de plasmarse en las grandes vidrieras del mundo global: las ciudades. Desde la Teoría de las Ventanas Rotas[1] implementada en la década del ´90 por Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York, mantener los entornos urbanos prolijos y ordenados ha sido asociado al combate contra la inseguridad y una supuesta reducción de las tasas de criminalidad. Como contraparte son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos diversos, los “marginados” —excluidos de los beneficios de la globalización—.

Grafiti, las paredes limpias no dicen nada o ¿sí?

Rudy Giuliani, exalcalde republicano de Nueva York, entre 1994-2001, es el máximo exponente de la política de “tolerancia cero”, parte de un conjunto más amplio de reformas –muchas de las cuales, ya estaban avanzando desde 1985–. Giuliani hizo que la policía fuera más estricta con las evasiones de pasaje en el metro, detuvo a los que bebían y orinaban en la vía pública y a los “limpia parabrisas” que limpiaban los vidrios de los coches y demandaban remuneración por el servicio. Una de las primeras víctimas de las políticas de tolerancia cero y de la gestión basada en la Teoría de las Ventanas Rotas fue el grafiti.

Esta teoría fue aplicada por primera vez a mediados de la década de los ´80 en el metro de Nueva York. En la práctica, su implementación consistía en combatir las pequeñas transgresiones: grafitis, suciedad de las estaciones, ebriedad entre el público, evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y desórdenes. Posteriormente, en 1994 Giuliani impulsó la estrategia que consistía en crear comunidades limpias y ordenadas, prohibiendo transgresiones a la ley y a las normas de convivencia urbana. En la práctica su política se tradujo en la aplicación de penas punitorias más severas e incrementó la persecución a los ‘sin techo’ de las calles de New York.

La ciudad, como espacio colectivo que pertenece a todos y todas y, además, como espacio de la voluntad de sus residentes, es un lugar de disputa donde los actores apelan al derecho a vivir, a gozar de sus servicios, de sus riquezas sociales y a expresarse en todos sus sentidos. Por tanto, el derecho a la ciudad y a la libertad de expresión están estrechamente relacionados. En este sentido, el grafiti como forma de expresión, es uno de los elementos de las disputas simbólicas, políticas y estéticas que atraviesan una ciudad.

En Argentina, el Gobierno de Cambiemos ha hecho grandes esfuerzos por reestructurar simbólicamente la ciudad y sus imágenes. Tapar grafitis y reemplazar murales alusivos al kirchnerismo por nuevos murales despolitizados y fundamentalmente “alegres y coloridos” han sido las estrategias desplegadas por el macrismo. Desde el Facebook oficial de Mauricio Macri puede leerse: “El pasaje Carranza de la línea D de subtes estaba abandonado, sucio y con filtraciones. Lo renovamos completamente, lo desgrafitamos, lo iluminamos, reparamos las filtraciones y colocamos este hermoso mural hecho con venecitas”.

En octubre de 2016, el Gobierno de Mauricio Macri también decidió tapar el mural ubicado en la Casa Patria Grande – Presidente Néstor Kirchner, para levantar allí un nuevo espacio dependiente del Ministerio de Cultura: “La Casa Creativa del Sur”. Además del desmantelamiento y, después de meses de auditorías, tomaron la decisión de mandar a tapar el mural de la entrada en donde estaban retratados los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto a varios líderes latinoamericanos.

Una de las primeras medidas del macrismo en enero de 2016 a días de su asunción fue el desmantelamiento del Centro Cultural Nestor Kirchner (CCK) –el mayor centro cultural de Latinoamérica y tercero a nivel mundial–, pensado como un espacio de difusión cultural completamente gratuito. Fue el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, el encargado de desvincular a 600 de los 710 empleados públicos. Desde agosto, la página oficial del CCK anuncia que invita a a participar de “Prácticas Ciudadanas” en concreto clases de yoga y tai-chi: “Queremos que seas parte de esta experiencia que invita a trabajar la salud física y emocional en procura de una mejor calidad de vida”, profundizando así su intención de “despolitizar” el lugar.

Espacio público, prohibido ser negro

En Argentina durante los nueve años de gestión macrista la represión de Parque Indoamericano, la represión de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) a personas en situación de calle, el fallido proyecto de ley que buscaba  prohibir a los limpiaparabrisas y ‘trapitos’ constituyen ejemplos de los esfuerzos gubernamentales por mantener una ciudad “linda”.

La expulsión de los manteros de la vía pública en el barrio porteño de Balvanera –Once– ha sido el último capítulo de una lucha que data de varios años y busca “lavarle la cara a la ciudad”. Ya desde el Ejecutivo, la estrategia macrista ha sido golpear y negociar, combinando la represión a los vendedores callejeros con la propuesta de un curso de capacitación de 60 días que brindará –a  quienes acepten el acuerdo– junto a un incentivo de 11.700 pesos mensuales por los dos meses que dura la capacitación. La ciudad –reestructurada para el turista ‘gringo’– reproduce el racismo de la vida cotidiana por “la gente bien”, quien avala con comentarios, actitudes y omisiones estas compartimentaciones que buscan expulsar de la urbe a los “negros”. Aunque en lo discursivo se haga hincapié en que “no pagan impuestos”, hipócritamente ya que el propio presidente ha sido record mundial en cuentas en paraísos fiscales (lo que es más que un vidrio roto). El problema es de clase, su estética se corresponde con los estereotipos que los medios hegemónicos asocian a la delincuencia.

El Tribunal Superior de Justicia porteño en enero de 2016 ha suscitado la polémica con un fallo que habilita a las fuerzas de seguridad a solicitar DNI (Documento Nacional de Identidad) a cualquier transeúnte sin motivo alguno –trastocando los principios de presunción de inocencia–, en caso de no portarlo podrá ser demorado en una comisaría. Así se institucionaliza el delito de “portación de rostro”, una avanzada xenófoba y estigmatizante contra  pobres e inmigrantes de países limítrofes, legitimada por el discurso del narcotráfico y la seguridad.

El presidente argentino, Mauricio Macri, apoyó al partido demócrata en las elecciones de  EE.UU., sin embargo, su cercanía y el tácito apoyo del diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, le han servido de nexo con el nuevo gobierno de D. Trump.  En 2014 Massa y Giuliani dieron charlas sobre inseguridad en la localidad bonaerense de Tigre. El diputado además fue invitado a la ceremonia de asunción del mandatario norteamericano en carácter de “invitado” especial de quien ha sido designado jefe de asesores para seguridad e inteligencia del nuevo gobierno, no es otro que el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Macri junto a la oposición, tanto del Frente Renovador como de Pichetto del Frente Para la Victoria, ha encabezado la ofensiva que continúa por otros medios, como en el caso de la reducción de edad de imputabilidad –de 16 a 14 años– y que habilita la persecución de menores, en un contexto en el que a un año de su gestión se registra un muerto cada 25 horas a manos del ‘gatillo fácil’ según el último informe de la CORREPI (Coordinadora Nacional Contra la Represión Institucional).

Bogotá y el regreso de la “fiesta brava”                                                                                

Tras más de una década de gobiernos de izquierda en la capital de Colombia, la derecha, representada por el que fuera el alcalde durante el periodo 1998-2000, llegó al poder nuevamente en octubre de 2015, comenzado su desempeño en enero de 2016. Al mando del segundo cargo político de mayor relevancia en el país, después del liderazgo del Ejecutivo, Enrique Peñalosa se ha empeñado establecer un proceso de limpieza y purificación de la ciudad “lastrada” por la izquierda.

Así, con lema “Bogotá para todos”, Peñalosa –paradójicamente– ha venido desarrollando una política lejana de la inclusión. La primera acción de su segunda alcaldía fue la intervención del Bronx[2], un sector de la ciudad donde se encontraba localizado uno de los grandes macroexpendios de droga, en el que convivían cientos de habitantes de calle en condiciones de drogodependencia, con bandas criminales, redes de prostitución infantil y diversas formas de crimen organizado.

La intervención se saldó con la migración de buena parte de los ciudadanos en situación de calle a diversas zonas de la capital. Así, sin lugar a una oportunidad de reinserción social entre 400 y 600 habitantes de calle desbordaron las localidades aledañas. Algunos de ellos –abandonados a su suerte– encontraron refugio en caños, resultando arrastrados tras las crecidas las aguas por el incremento de las lluvias. De tal manera, la intervención del Bronx, tan necesaria –pero resultado de la improvisación– fue una de las medidas que más lastró la popularidad de Peñalosa: en los sectores progresistas, por las enormes falencias de atención a los ciudadanos en situación de calle, que desataron tragedias como la muerte de varios de ellos ahogados por la crecida del caudal de un caño. Y, para los comerciantes, quienes consideraron que la movilización de estas personas a otros barrios de la ciudad sirvió para que se produjera un “contagio” de mayor inseguridad a sus vecidarios y comercios.

La desatención de esta población en situación de calle incrementó también tras el cierre de los Centros de Atención Médica para Drogodependientes (CAMAD), desarrollados durante la alcaldía de Gustavo Petro, con el fin de abordar el fenómeno del consumo de drogas a partir de acciones de reducción del daño (esto es prestándoles servicios de salud física y mental in situ). Esta política, que necesitaba un proceso de evaluación y reformas, identificaba y atendía por primera vez los problemas de los ciudadanos invisibilizados en las dinámicas de exclusión social, un avance sin precedentes en la ciudad de Bogotá. Con la llegada del Gobierno Peñalosa, el secretario de de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez, lejos de corregir las falencias del programa orientado a la reinserción social paulatina de los habitantes de calle afectados por el consumo de estupefacientes, se negó a seguir adelante con esta política y en pocos meses los centros de atención fueron desapareciendo.

En esta voluntad de desarrollar una política de plucritud de la ciudad llegó hasta los límites de la regulación del grafiti. Considerándolo como una ‘plaga’ para la ciudad, la administración Peñalosa la emprendió en contra de la práctica libre del arte urbano, estableciendo zonas para la realización de esta manifestación artística, bajo el control de un Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, cuyo objetivo es acordar, articular, y promover todo tipo de acciones y estrategias para desarrollar la práctica “de una manera responsable”. En relación con lo anterior, la limpieza también se sustanció en la retirada de los vendedores informales de las aceras de la capital, en la denominada estrategia de recuperación del espacio público.

De esta forma, la ciudad blanca y pura completó su transformación a manos del alcalde electo Enrique Peñalosa, con el regreso de la “Fiesta Brava” a la plaza de toros de La Santamaría el pasado domingo 22 de enero. Durante la alcaldía de Gustavo Petro se revocó el arrendamiento a la empresa privada que manejaba la plaza de toros, en rechazo del maltrato que era evidente en el espectáculo taurino. En 2014 la Corte Constitucional falló a favor de las corridas de toros defendiendo la “libre expresión artística” invocada por la Corporación Taurina de Bogotá. Así, Peñalosa, el declarado “antitaurino”, decidió acatar el fallo de la Corte. La primera corrida de la fiesta se celebró entre las protestas organizadas por liderazgos de la oposición y por agrupaciones contrarias al maltrato animal, las mismas fueron dispersadas violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbio.

Brasil, la guerra al grafiti de Doria

Los muros transforman al espacio público moderno en un espacio residual, a la vez que encuentran su legitimidad en el miedo a la delincuencia, lo que se traduce en distinción y segregación al mismo tiempo. Cercas, muros, monitores, cámaras de seguridad y rejas se constituyen no sólo con fines prácticos sino enmarcados en una “estética de la seguridad” que implican un estatus social. En San Pablo, grafitis y  pichações[3]  son una transgresión que ha alterado radicalmente la estética de la ciudad, ignorando los compartimientos sociales y desafiando la propiedad privada, cuyas inscripciones evocan la desigualdad social. A diferencia de los grafitis, -coloridos y que han contado con el beneplácito de las municipalidades locales las cuales cedieron espacios e incluso contrataron a grafiteros locales para realizar sus obras- el “Pixo” tiene un carácter más transgresor y se encuentra fuera del mercado.

Recientemente, el empresario Joao Doria (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), nuevo alcalde de San Pablo, le ha declarado la “guerra al grafiti”. La cruzada de Doria –en la mismísima capital brasileña del grafiti- no incluye a todo el espectro de prácticas que supone el arte urbano, sino que se ensaña en particular con la pixação. En Brasil, la diferencia entre el “pixo” y el grafiti no sólo se debe a la estética –letras irregulares, predominio de líneas rectas y la mayoría en color negro en el primer caso y mayor cuidado por la caligrafía, los colores y la armonía en segundo- también se debe a que quienes practican el pixo son jóvenes de la periferia que claman por mayor visibilización, una lucha por el “reconocimiento”.

Aunque la presencia de este tipo de caligrafía no es reciente y se vincula con procesos democratizadores y la vuelta a la democracia  en la década de los ´80, el alcalde paulista ha manifestado en una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo que los “pixadores”, como son conocidos los encargados de realizar estos trazos, no son artistas, sino “agresores” lo que fomenta la criminalización de los jóvenes de sectores populares. Doria se ha declarado un amante del “arte urbano”, pero ha enfatizado la distinción entre los “pixadores”, muralistas y grafiteros, matices que en la práctica, no han sido claramente diferenciados.

Una de las medidas del Ayuntamiento pintar de gris la avenida 23 de mayo, donde hasta hace poco más de una semana podía apreciarse el mayor mural a cielo abierto de América Latina, con más de cinco kilómetros de extensión. La Alcaldía, alegó que los grafitis se encontraban deteriorados  y tenían “pixações”. El nuevo plan de ordenamiento urbano busca designar zonas específicas para que los grafiteros puedan ejecutar sus obras, una especie de recreación al mejor estilo Wynwood Arts District, en Miami[4].

La decisión de Doria ha creado un movimiento de resistencia de varios artistas quienes salieron a la calle para quitar la pintura grisácea que ha cubierto sus intervenciones. En la zona oeste de la ciudad, una glorieta apareció con la pintada del activista y reconocido grafitero Mundano: “No haga el ridículo. Sao Paulo no es Miami[5]”. Las leyes paulistas consideran la práctica del grafiti o bien como un delito contra el patrimonio público,  o bien como un crimen ambiental. Según los artistas, tanto la ilegalidad como el desafío los motiva a pintar.

La pantomima de lo bello

El ascenso de la derecha en las grandes urbes latinoamericanas se refleja también en el desarrollo de una nueva estética asociada a la política de la limpieza como sinónimo de la seguridad. Identificando en la ausencia de manifestaciones populares y reivindicaciones de las diferencias sociales los símbolos de la perfección, de la belleza y de la buena gestión política. Así la “farsa de lo bello” se erige como la nueva estética de los gobiernos neoconservadores, que por medio de la represión y de la invisibilización tratan de solventar todas aquellas tensiones sociales alternas que no caben bajo sus paraguas de soluciones.

[1] (1996) de G. Kelling y C. Coles, el libro está basado en un artículo titulado Ventanas Rotas de James Q. Wilson y George L. Kelling, que apareció en la edición de marzo de 1982 de The Atlantic Monthly.

[2] Replicando lo que en su primer periodo como alcalde llevó a cabo en la intervención de El Cartucho (1998).

[3] En la ciudad de San Pablo se denomina de esta forma a un tipo particular de pintada cuya caligrafía destaca por letras grandes y verticalmente dispuestas, con curvas y detalles que hacen la diferencia en cada “pixaçao” (escrito con una “x”) y conocido como “Pixo”. A diferencia del grafiti, es una práctica menos elaborada, sin énfasis en el  interés estético y sin aceptación social. Visualmente son más agresivos su trazo es simplificado y de ejecución rápida, su aspecto emula jeroglíficos monocromáticos. Por definición es realizado en lugares prohibidos y por la noche, una suerte de deporte de riesgo que incluye escalar muros sin soporte. A diferencia del grafiti no es legítimamente catalogado como expresión artística por la corriente mainstream.

[4] http://www.efe.com/efe/america/cultura/sao-paulo-le-declara-la-guerra-al-grafiti/20000009-

[5] http://www.efe.com/efe/america/cultura/sao-paulo-le-declara-la-guerra-al-grafiti/20000009-