Algunos puntos claros del conflicto michoacano

Hace unos días, un reconocido intelectual de izquierda, simpatizante y admirador de la lucha de los indígenas chiapanecos encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se dolía de la ausencia de un pronunciamiento explícito de apoyo del zapatismo para las autodefensas michoacanas.

La observación es pertinente. Y obliga a preguntarse sobre las razones de esa ausencia de apoyo explícito. Y lo mismo puede decirse de otros sectores de la izquierda que viendo con simpatía al movimiento de autodefensas michoacano (y también de otras entidades y regiones de México) se mueven con cuidado a la hora de emitir opiniones o de dar o negar apoyos explícitos.

Pero si es notoria la ausencia de esos apoyos explícitos de la izquierda, también lo es la ausencia de condenas, deslindes o descalificaciones. Digamos que, ante la complejidad del tema priva una cierta precaución que, sin embargo, no oculta la simpatía que en esos sectores genera un movimiento armado con un indudable e indiscutible origen popular y social justiciero y democrático.

La base de ese incuestionable origen social y popular puede ser diseccionada en varios puntos. El primero de ellos es el hartazgo ciudadano con el accionar desbordado, impune y por eso aterrorizante de la delincuencia organizada, es decir, de las bandas criminales. Es muy difícil encontrar en el país una persona o familia que no haya sido víctima de los amagos de crimen o de los crímenes mismos de esas pandillas. Y esto ya desde hace varios años.

Un segundo punto es la incapacidad del Estado, es decir, de las instituciones para frenar o atenuar los delitos de esas bandas, principalmente la extorsión por la vía del engaño, del secuestro, de las amenazas, del cobro de derecho de piso o de tránsito. Pero también del despojo, el abigeato y el homicidio.

A nadie puede escapársele –he aquí un tercer punto– que el accionar libre, generalizado e impune de esas pandillas sería imposible sin el concurso activo y la protección legal, policiaca y militar de las autoridades municipales, estatales y federales.

He aquí un cuarto punto de la mayor importancia: si bien las autodefensas no se han insurreccionado específicamente contra el gobierno, su sola existencia es una insurrección armada de carácter popular contra un gobierno que, por omisión, complicidad, servidumbre o papel activo, es indudablemente un gobierno criminal que por eso precisamente ha dejado de ser representativo de la sociedad.

No estamos, es verdad, frente a una insurrección armada de índole nacional, pero existen suficientes datos para sostener que los movimientos de autodefensa comienzan a generalizarse en el país. Digamos –quinto punto– que el ejemplo empieza a cundir.

En el asunto de las autodefensas –sexto punto– no pueden descartarse, por supuesto, las posibles influencias, intromisiones o patrocinios de fuerzas por ahora ocultas o discretas. Eso explicaría la falta de apoyos explícitos del EZLN o de otros movimientos populares. Pero esto no quita lo principal: la existencia de brotes insurreccionales que tienden a generalizarse.

Y he aquí un séptimo punto que no debe pasar inadvertido. Las autodefensas no han nacido para combatir la producción, comercio y consumo de drogas. Nacieron para combatir las derivaciones delictivas del poder del narco que merman o destruyen el patrimonio de personas, familias y comunidades.

Las quejas y las insurrecciones populares son, como resulta evidente, contra extorsión, despojo, amenazas, secuestro, etcétera, es decir, contra los delitos patrimoniales, y no contra actos de comercio entre particulares que no tienen por qué ser ilegales, como la compra y venta de drogas.