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 Guatemala: A dos meses de la debacle institucional
Publicado 22 junio 2015
Dos meses después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularan una banda de defraudación tributaria en la que operaban altos funcionarios, los actos de corrupción al interior de la administración pública continúan revelándose, mientras la ciudadanía exige con mayor fuerza cambios en el Estado y la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina.

El caso más reciente se develó a mediados de esta semana, cuando el diputado del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) Baudilio Hichos fue acusado de promover un contrato anómalo entre el seguro social y una sociedad anónima, para el arrendamiento de un inmueble de su propiedad.

El congresista fue sindicado de los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude, por lo que el MP y la CICIG presentaron una orden de antejuicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Hichos presidía la comisión pesquisidora, conformada por cuatro diputados, electa por el Organismo Legislativo, que analizaría retirar la inmunidad a Pérez Molina, acusado de tener responsabilidad en dos casos de corrupción; después del antejuicio en su contra, el legislador renunció a puesto en el grupo.

Sin embargo la comisión pesquisidora quedó suspendida temporalmente el jueves de esta semana, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional a una abogada particular, quien accionó para que se detuviera en proceso en contra de Pérez Molina.

Este hecho de corrupción en el que se involucra a Hichos se suma a otros tres casos similares revelados en los últimos meses por los órganos de investigación, en los cuales supuestamente han participado miembros del sistema judicial y autoridades de dependencias de gobierno.

El caso más emblemático fue el del grupo denominado “La Línea”, que es acusado de defraudar por millones de quetzales al Estado de Guatemala al cobrar extorsión a los importadores a cambio de reducirles la cantidad de impuestos.

En la estructura criminal participaron los ex titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Carlos Muñoz y Omar Franco, así como el ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, Juan Carlos Monzón, quien es prófugo de la justicia desde mediados de abril.

Las protestas continúan hasta la fecha demandando la dimisión del Mandatario, sin embargo la población busca también que se persiga, juzgue y condene a todos los involucrados en actos de corrupción y que existan cambios profundos en el Estado.

Artículo tomado de: http://www.cerigua.org/article/a-dos-meses-de-la-debacle-institucional/


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