La Ley que crea las “Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta” fue aprobada este jueves 30 de octubre por la Asamblea Nacional de Nicaragua con 91 votos, tras ser remitida por la Presidencia. Esta legislación es una estrategia central del Gobierno para potenciar la atracción de inversión extranjera directa y la diversificación productiva.

La nueva ley establece las Zonas Económicas Especiales bajo un régimen especial que ofrece amplios incentivos para las empresas que operen en el marco de la iniciativa global china de la Franja y la Ruta. Estos beneficios incluyen Incentivos Fiscales y Aduaneros que abarcan las exenciones y facilidades en el pago de impuestos y trámites de exportación e importación.

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Adicionalmente, la ley contempla Facilidades Administrativas, Portuarias y Fronterizas: Procesos simplificados para agilizar las operaciones comerciales y logísticas. El objetivo principal es generar un encadenamiento productivo, impulsar la generación de empleos, promover el comercio internacional y garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas.

La Comisión Nacional de Zonas Francas será la entidad encargada de la administración y el seguimiento de las operaciones de las empresas dentro de este nuevo régimen. Para la dirección, se conformará una Comisión Especial que integrará a figuras clave del Gabinete Económico y de Cooperación, incluyendo al Asesor Presidencial de Inversiones, el Ministro de Hacienda, el Presidente del Banco Central y el Director de Zonas Francas.

El diputado José Santos Figueroa destacó que la ley crea un ambiente de «igualdad y no discriminación» para los inversionistas, mientras que el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez subrayó la importancia de la ley para el desarrollo del país.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ha enfatizado que este modelo de atracción de inversiones es crucial para el desarrollo socioeconómico, buscando impulsar la competitividad nacional «sin detrimento de la soberanía nacional».

El texto de la iniciativa de Ley (firmado por los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo), con la respectiva exposición de motivos y fundamentos, fue enviado el pasado 28 de octubre al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

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