Víctimas de Senkata dialogan con Gobierno sobre reparación

Unos 20 familiares de fallecidos, heridos y detenidos durante la masacre de Senkata en noviembre de 2019, víctimas de la violencia del Gobierno de facto se reúnen con autoridades gubernamentales para revisar 13 puntos de un acuerdo anterior de "reparacion" y justicia paralizado. De esta reunión depende el inicio de una huelga de hambre anunciado para este lunes.

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En esos términos se expresó el activista de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, quien advirtió que la condición para dialogar es "cumplir con los compromisos", justo en el día en que estaba anunciado el  inicio de una huelga de hambre.

Las autoridades gubernamentales y las víctimas tenían previsto reunirse el viernes anterior en El Alto para abordar los acuerdos alcanzados y que, hasta este momento, no se han cumplido.

De acuerdo a Inca, iban a acudir nueve ministerios bolivianos, los cuales engloban diversos campos de actuación para la reparación de las víctimas, como el de Defensa, que tenía que informar sobre los militares implicados en la represión de las protestas, o el de Economía, por las indemnizaciones económicas que plantearon al Ejecutivo de Luis Arce.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo creado a través de un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Gobierno de Arce, ha señalado en un informe que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia" durante las protestas.

Este uso desproporcionado de la fuerza, señala el grupo de expertos, es responsable de la muerte de diez personas, así como de los daños y heridas en al menos otras 78 y ha subrayado que pese a que las Fuerzas Armadas y la Policía siempre han negado el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas.

Durante las semanas que siguieron al golpe de Estado contra Evo Morales y a la autoproclamación ilegal de Jeanine Áñez como presidenta de facto, se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra estos dos episodios, con las masacres de Sacaba, en La Paz, y Senkata, en El Alto, como episodios más funestos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.

La protesta de los familiares y víctimas llega, sin embargo, cuando el contraalmirante (retirado) Aldo Bravo, fuera trasladado a la Fiscalía de La Paz para declarar por la masacre de Senkata. Bravo era inspector de las Fuerzas Armadas en esos días.