Viceministro Castillo: medidas fortalecen ingreso mínimo en Venezuela

El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, aseveró este martes que las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro tienen como fin fortalecer el ingreso mínimo vital de los trabajadores.

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En entrevista exclusiva para el programa Es Noticia, transmitido por teleSUR, Castillo indicó que "son medidas que van dirigidas a fortalecer el ingreso mínimo vital" y que en Venezuela hay un sistema "en el cual existe el salario, los beneficios salariales y un sistema de apoyo por la vía de la Plataforma Patria, por la vía de bonos especiales, que van reforzando la capacidad de ingreso familiar".

"Con el aumento del bono de alimentación, que es un bono creado por ley de la república, se hace extensivo a los trabajadores del sector privado. La medida también favorece no sólo a los casi 4 millones de trabajadores del sector público, sino a los más de 4 millones de trabajadores del sector privado en Venezuela", aseguró, explicando que se trata de medidas de apoyo.

Además, acotó que otro anuncio importante es la creación "por primera vez un fondo con respaldo en las reservas petroleras, con producción petrolera, para ir recuperando las prestaciones sociales que fueron devastadas por las sanciones, el bloqueo y el deterioro de la moneda nacional".

Entre las demás medidas anunciadas por el jefe de Estado, Castillo afirmó que "esas dos medidas, el incremento que ya pone estos bonos en niveles cercanos a los 70 dólares de respaldo al trabajador de forma mensual se suman al programa alimentario CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), a los subsidios a la gasolina que tienen los venezolanos, a los subsidios en servicios públicos, y ahora a la recuperación de las prestaciones sociales". 

Castillo resaltó que, en medio de una recuperación económica, se implementa un plan progresivo de recuperación de los ingresos de los trabajadores.

Con respecto a la decisión anunciada por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sobre la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa, consideró que es sospechoso que la resolución saliera poco tiempo después de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se realizó en Bogotá, Colombia, el pasado 25 de abril.

"Es a lo menos sospechoso que, cuando se acaba de producir una Conferencia en Bogotá para impulsar el proceso de diálogo y, como ha dicho el presidente, la gran mayoría de los países presentes en Bogotá, había representantes de 20 países, le pidieron al Gobierno de EE.UU. que aliviara las sanciones tal como fue su compromiso en México de noviembre pasado; la respuesta de EE.UU. unos días después de la Conferencia de Bogotá y el día del trabajador, es entregarle a una institución que ya no existe, que es la supuesta Asamblea del año 2015, el control de los activos, poniendo en riesgo estos activos, en manos de los fondos buitre, en manos de las corporaciones petroleras estadounidenses y canadienses que se quieren apropiar de los activos de Venezuela, y prácticamente poniendo el saqueo, la legitimación de un saqueo de los activos de una república como Venezuela que no tiene precedentes en la historia económica del continente", dijo.

Además, recordó que la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente dice que el Estado venezolano no acepta la legitimidad ni la validez de ninguna medida de coerción contra el país.

"Esto es una medida de coerción porque prácticamente pone en manos de la llamada Plataforma Unitaria, que es el sector (de las oposiciones) que está sentado en México en el diálogo (...), pone en manos de ella, de los fondos buitre y de las corporaciones internacionales, el destino de los activos de una república que fueron ilegalmente bloqueados y sancionados por EE.UU.", enfatizó. 

Castillo calificó esta acción de gravísima, manifestando que es quizá el acto de piratería económica más grave cometido en la historia política y republicana de Venezuela.

"Que una persona se autoproclame presidente de un país sin ninguna ley que lo avale, sin ninguna Constitución, y luego crea una seudoestructura con embajadores falsos, con un TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) falso, con un Banco Central falso, y que todo eso sea avalado por EE.UU., por sus aliados de la Unión Europea y por varios países latinoamericanos, por cierto la gran mayoría ya les retiró el reconocimiento político, era una operación destinada a robarse los activos de Venezuela, no era sólo una operación política", añadió. 

El viceministro reiteró que el objetivo siempre fue quitarle a Venezuela sus activos en el extranjero y ahora se da esta nueva decisión "cuando el interinato está fracasado, aunque lo sustituyeron por un parlamentariato".

"Ellos ya no reconocen a (Juan) Guaidó, pero reconocen a tres señoras que viven en el exilio entre Francia y España, como supuestas autoridades legítimas de Venezuela y a esas señoras, que no son diputadas ni autoridad en Venezuela, que no tienen ningún peso ni control de ninguna institución en Venezuela, le dan la potestad de manejar todos los activos y las deudas de Venezuela y entenderse con los acreedores de Venezuela", precisó.

Por otra parte, comentó que existen tres cifras dadas por las autoridades venezolanas sobre el impacto de las medidas coercitivas contra el país que se deben tener en cuenta.

"Lo primero es lo que dejó de producir la economía, el PIB de Venezuela se contrajo al menos a la quinta parte con respecto a 2016-2017, eso significa 642.000 millones de dólares que no se produjeron, es decir, bienes que no se produjeron, servicios que no se prestaron, salarios que no se pagaron, en la economía venezolana durante los últimos siete años", dijo.

Se suman las pérdidas netas de Pdvsa, estimadas por caída de la producción que superan los 232.000 millones de dólares, "estamos hablando de más de 800.000 millones de dólares entre cosas que no se hicieron por la caída de la economía y pérdidas netas de Pdvsa al no poder vender el petróleo venezolano y por la caída de la producción".

Con respecto a los activos que están bloqueados por las medidas coercitivas impuestas por EE.UU., estiman que "entre 24 y 30.000 millones de dólares están en este momento bloqueados. El 75 por ciento de esos fondos están en los organismo multilaterales, en el FMI (Fondo Monetario Internacional), en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento; y el otro 25 por ciento está en 12 bancos privados de EE.UU. y Europa".

Castillo rememoró que hasta 2012-2013, Venezuela tenía el salario mínimo más alto de América Latina medido en dólares, cercano a los 400 dólares. 

"Venezuela transfirió durante los Gobiernos de (Hugo) Chávez 20 por ciento de la riqueza de los sectores más ricos del país a las clases media y a las clases populares. Todo eso fue devastado por el bloqueo y las sanciones al negarle a Venezuela el 90 por ciento de sus ingresos en divisas en los últimos ocho años. Eso significa que el país fue devastado económicamente", acotó.

El viceministro afirmó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo, destacando que hubo una recuperación económica importante en 2021-2022 y "va a haber otra recuperación". 

"Nosotros tuvimos casi 4.000 millones de dólares de ingreso el año pasado, pero nuestro ingreso en 2014 era 56.000 millones; apenas estamos llegando al 10 por ciento de lo que este país recibía hace ocho años", explicó.

Por otro lado, recordó que en noviembre pasado se firmó un acuerdo entre el Gobierno venezolano y un sector de las oposiciones del país que ha sido incumplido, pese que que fue negociado durante meses.

"Se aprobaron los recursos, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) estuvo de acuerdo, EE.UU. aprobó, se firmó el acuerdo y ahora, el señor que se hace llamar embajador de EE.UU. que está en Bogotá, el señor (James) Story, le envió una carta a Naciones Unidas diciendo que EE.UU. no puede garantizar que esos fondos no sean intervenidos por los acreedores. En quién puedes confiar si el secuestrador de los recursos de Venezuela te dice que él ya firmó un acuerdo para entregarte parte de lo secuestrado, pero ahora lo quiere incumplir", indicó.

Castillo dijo que detrás de las sanciones hay una industria del saqueo en la que intervienen varios actores para quedarse con los recursos de un país y que eso fue "lo que le aplicaron a Venezuela". Sin embargo, enfatizó que la nación suramericana va a seguir defendiendo sus derechos.