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El embajador venezolano Jorge Valero participó en la audiencia en la cual Michelle Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización sobre el informe de Venezuela.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró este martes su preocupación por la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, que menoscaban derechos fundamentales del pueblo venezolano.
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En la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, por el 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la alta comisionada hizo referencia a las “sanciones” contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa) y la estatal petrolera Pdvsa.
Desde el año 2014, se han adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales desde los Estados Unidos para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano.
En consecuencia, se ha generado una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha pasado de cerca de 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones en 2018.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también advirtió el impacto del escrutinio estricto del sector financiero, que continúan sufriendo los servicios públicos y la población en general de Venezuela como consecuencia de estas medidas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.
Por otra parte, manifestó su confianza en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios alcanzados entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Por otro lado, la funcionaria de la ONU criticó supuestas abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela contra sectores opositores, organizaciones no gubernamentales y periodistas.
Al respecto, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, lamentó este martes que el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el país suramericano, esté plagado de mentiras y carece del balance necesario.
"Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela", indicó el portavoz venezolano.
Valero participó en la audiencia en la cual Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización sobre el informe de Venezuela sobre una serie de supuestas violaciones a los DD.HH. sin presentar detalles en su mayoría .
Valero respondió que: "se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo, cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares, para elaborar un informe plagado de mentiras".
"Constituye un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos", anotó.
En la réplica a la presentación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el embajador criticó que los países que promueven el informe contra Venezuela no observen la situación sobre los derechos humanos en sus propios territorio.
"Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron", observó.
Valero hizo referencia a Colombia, Brasil, Perú y Canadá, además que estas naciones condenarían el cruento golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales.
El embajador, además, reiteró que Venezuela es víctima de unas sanciones económicas por parte de Estados Unidos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”.
“El Gobierno supremacista de Donald Trump ha restaurado la doctrina Monroe, y amenaza con invadir militarmente nuestro país”, aseguró, para añadir que las medidas coercitivas unilaterales de Washington “le han robado a Venezuela 116.000 millones de dólares, equivalentes a seis años de presupuesto”.
Estas medidas, advirtió, disminuyen los recursos del Gobierno venezolano destinados al gasto social, para el cual se dispone más del 70 por ciento del presupuesto del país.
