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Cada año se realiza en Uruguay la Marcha del Silencio, la cual reclama justicia por los crímines de la dictadura.

Cada año se realiza en Uruguay la Marcha del Silencio, la cual reclama justicia por los crímines de la dictadura. | Foto: Sputnik

Publicado 30 noviembre 2019





Los exfuncionarios Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, se les imputa los delitos de privación de libertad agravado y abuso de autoridad, por someter a los detenidos durante la dictadura uruguaya. 

La Fiscalía Especializada en Crímines de Lesa Humanidad de Uruguay a cargo de Ricardo Peciballe, formalizó este sábado una causa penal contra tres expolicías por torturas en un centro de reclusión clandestino durante la pasada dictadura.

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La audiencia pública realizada en el Juzgado de Canelones de 1° Turno (Montevídeo) y en el marco del nuevo Código de Proceso Penal, se trataron los hechos perpetrados en el centro de reclusión clandestino conocido como "Los Vagones", en la ciudad uruguaya de  Canelones (centro).

Desde el pasado seis de mayo se inició la investigación, producto de una denuncia interpuesta por la Secretaría de Derechos Humanos de Intendencia Departamental de la ciudad y la Asociación Civil Ágora, la cual es patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu.

Los exfuncionarios Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, se les imputa los delitos de privación de libertad agravado y abuso de autoridad, por someter a los detenidos durante la dictadura uruguaya. 

La defensa de los investigados argumentó que debido a la cantidad de años transcurridos, los delitos debían proscribir, sin embargo el juez de la audiencia desestimó el pedido en favor de quienes serán recluidos en prisión preventiva de 120 días, como medida cautelar.

El jurista de la acusación, Pablo Chargoñia reconoció la lucha de muchos años de compañeros y compañeras por la memoria y la justicia de este caso. "Las pruebas presentadas son contundentes, y surgen del testimonio de los sobrevivientes y de los legajos aportados por el Ministerio del Interior", puntualizó.

 

Con la disolución del Parlamento uruguayo en 1971 por el presidente Juan María Bordaberry, este se convirtió de presidente constitucionalmente electo a dictador de facto. Se estima que alrededor de 123 personas fueron asesinadas por motivos políticos y más de 192 fueron desaparecidas hasta el epílogo de la dictadura en 1975.


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