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Los cinco exmilitares están vinculados a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena.
La Asociación de expresos políticos de Uruguay (Crysol) exigió este viernes que se instruya un Tribunal de Honor para sancionar por vía administrativa a cinco exmilitares ya sentenciados por la vía civil por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena.
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Se trata de los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina, que en 2017 fueron condenados a 30 años de cárcel como coautores penalmente responsables del delito de homicidio intencional muy especialmente agravado, fallo que después confirmó la Corte Suprema de Justicia.
En carta al ministro de Defensa, Javier García, el colectivo de Crysol recuerda que la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, que fija las obligaciones del Estado en casos de violaciones de derechos humanos, establece que los responsables deben ser castigados a nivel penal y también a nivel administrativo.
— Gastón Grisoni (@GastonGrisoni) September 8, 2020
La carta enfatiza que "una vez que el poder judicial se ha pronunciado con sentencia firme (...), corresponde que los militares condenados penalmente sean castigados y separados de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un mensaje simbólico muy importante", explica la misiva del presidente de Crysol, Gastón Grisoni.
En la comunicación también se solicita a la cartera de Defensa que "se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter".
María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada al centro clandestino de detención Automotores Orletti junto a Marcelo, su pareja e hijo del escritor Juan Gelman.
Al momento del secuestro tenía 19 años y estaba embarazada de su hija Macarena, quien nació en Montevideo y vivió durante más de dos décadas pensando que era hija de un matrimonio uruguayo.
Marcelo fue torturado y asesinado el 14 de septiembre de 1976. Su cuerpo fue arrojado al río dentro de un tanque de doscientos litros con cemento y arena, en el canal de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires. Muchos años después fue hallado e identificados sus restos.
A María Claudia, embarazada, la trasladaron a Uruguay como parte del Plan Cóndor, y tras dar a luz en cautiverio, el entonces teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab se la llevaron una noche con rumbo desconocido, según contó un testigo.
Juan Gelman acudió durante años a la justicia para dar con el paradero de su nuera, pero siempre halló el obstáculo de la llamada Ley de Caducidad, norma que amparó a miembros de las Fuerzas Armadas implicados en el Plan Cóndor y el terrorismo de Estado. Solo en el 2000 pudo hallar a su nieta.
En marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia, y la apropiación y sustitución de identidad de Macarena.
