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Además de abogar por la derogación de la LUC, los sindicalistas se solidarizaron con los trabajadores de las mutualistas Casa de Galicia y Casmu.

Además de abogar por la derogación de la LUC, los sindicalistas se solidarizaron con los trabajadores de las mutualistas Casa de Galicia y Casmu. | Foto: PIT-CNT

Publicado 22 febrero 2022



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La movilización busca captar adhesiones para votar contra la Ley de Urgente Consideración en el referendo del próximo 27 de marzo.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realiza este martes un paro parcial de labores en todo el país con el propósito de convocar a los trabajadores a votar el próximo 27 de marzo para que se derogue la Ley de Urgente Consideración (LUC), por considerar que dicha disposición jurídica atenta contra sus derechos.

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En la capital, Montevideo, la movilización comenzó a partir de las 09H00 hora local en el Obelisco, desde donde los trabajadores marcharon hasta la sede del Ministerio de Salud Pública. Allí permanecerán hasta las 17H00 hora local.

Además de captar apoyos para derogar la referida norma jurídica, el paro busca defender la empresa pública y solidarizarse con los trabajadores de las mutualistas Casa de Galicia y Casmu.

Medios locales informan que la Casa de Galicia deberá cerrar por dificultades financieras que la FUS achaca a la mala administración del lugar. Al respecto, los trabajadores rechazan la decisión judicial de cerrarla y abogan por que el 100 por ciento de los compañeros que quedarán cesantes reciban un empleo.

Días atrás se supo que una empresa privada española, Ribera Salud, comunicó al Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou su intención de adquirir dicha mutualista.

En el caso de Casmu, un grupo de trabajadores se oponen a la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19 y recuerdan que a nivel nacional cada cual puede decidir si se vacuna o no.

El dirigente de la FUS, Jorge Bermúdez, declaró a medios locales que la LUC “es producto de un modelo y una concepción política concentradora de la riqueza y del poder”.

Agregó que dicha ley “ha expandido la pobreza” y “contiene artículos que claramente atacan a las empresas públicas y que, fieles a un contenido neoliberal, intentan reducir el peso de (estas)”.


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