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Esta Ley ordena el respeto a las garantías de todos los ciudadanos bolivianos y extranjeros que residan en el país, incluyendo a líderes sociales.

Esta Ley ordena el respeto a las garantías de todos los ciudadanos bolivianos y extranjeros que residan en el país, incluyendo a líderes sociales. | Foto: @Diputados_Bol

Publicado 17 agosto 2020


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La "Ley de Garantías" ya fue aprobada por el órgano legislativo desde el mes de enero de este año.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, exigió este lunes al Gobierno de facto la promulgación de la “Ley de Garantías” que dispone respetar los derechos de líderes sociales. La ley se encuentra paralizada desde su aprobación el pasado mes de enero.

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Choque realizó la exigencia después que surgieron iniciativas de aprobar una ley para proteger a los dirigentes sociales que protagonizaron las últimas protestas en el país convocadas por el sector obrero.

El presidente del poder legislativo expresó que “queremos y exigimos” que el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez apruebe la "Ley de Garantías" que “hace más de siete meses sigue durmiendo en el despacho de la presidenta transitoria”.

Asimismo explicó que el Movimiento al Socialismo, partido que integra, no busca encubrir actos delictivos y sostuvo que “lo único que se pretende es que se respete la Constitución Política del Estado donde se establece que las personas tenemos derecho al disenso, a la libertad de expresión. En ese sentido, no necesitamos ninguna ley que proteja a ningún dirigente”.

La "Ley de Garantías" fue aprobada por el órgano legislativo en el mes de enero y establece que se tramite la liberación de personas detenidas de manera arbitraria por participar en movilizaciones desde el 21 de octubre del pasado año.

 

De igual manera ordena el respeto a las garantías de todos los ciudadanos bolivianos y extranjeros que residan en el país, incluyendo a líderes sociales.

Desde su aprobación hace alrededor de siete meses el Gobierno de facto no la ha implementado. En el momento de promulgarla la rechazaron porque presuntamente favorecía a la impunidad.


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