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La finalidad de negociar con pandilleros era conseguir que el número de asesinatos en El Salvador disminuyera.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con los líderes de las tres pandillas que operan en el país centroamericano con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador disminuyera.
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De acuerdo con una investigación de la anterior Fiscalía, dirigida por Raúl Melara, quien fue despedido ilegalmente por la Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas en mayo de 2021, el Gobierno negoció con las pandillas Mara Salvatrucha (M-13), Barrio 18 y fracciones Sureños y Revolucionarios .
Entre los beneficios que recibirán los pandilleros eran mejores condiciones de vida carcelaria y beneficios para sus miembros en libertad, según las investigaciones sobre los encuentros que sostuvieron funcionarios salvadoreños con líderes de las bandas criminales que se encuentran en prisiones de máxima seguridad.
La información sobre las negociaciones entre el gobierno y las pandillas fue recogida por el Fiscal Melara antes de ser destituído.
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) August 24, 2021
Esta evidencia forma parte de una investigación que delata que Bukele tiene más de un año de negociar con las pandillas.https://t.co/WexeUgG1Jd
El director de Centros Penales (Osiris Luna) ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad; y el fiscal (Rodolfo Delgado), impuesto por la Asamblea oficialista, desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones.
Según la investigación del diario digital El Faro, que consultó documentos y grabaciones de la anterior Fiscalía, se confirmó que el Gobierno Bukele inició el año pasado las negociaciones con las pandillas M-13 y Barrio 18, entre otras, que son consideradas en El Salvador organizaciones terroristas.
Durante meses los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos", apuntó el diario digital.
La investigación fiscal era conducida, de acuerdo con el medio, por el Grupo Especial Antimafia (GEA), liderado por Germán Arriaza.
De acuerdo con tres fuentes fiscales, el GEA fue eliminado después de que Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía.
Arriaza renunció a la Fiscalía el 7 de mayo, después del nombramiento de Delgado, quien ordenó moverlo de unidad, ante lo que el funcionario prefirió irse.
El exfiscal no solo había conducido investigaciones vinculadas a negociaciones con pandillas, sino también relacionadas con compras irregulares durante la pandemia vinculadas con los ministerios de Salud y Agricultura.
El Gobierno de Bukele envió a varios funcionarios a negociar con los líderes de las pandillas en prisión, dentro de los que se incluyen a miembros de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Esas visistas irregulares fueron autorizadas por Osiris Luna.
Según la investigación de la Fiscalía, personal de la Dirección General de Centros Penales retiró discos duros de computadoras en los que se encontraban videos de los funcionarios del gobierno que entraban y salían de las cárceles tras sus encuentros con los pandilleros.
