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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó este lunes el calificativo de "narcoestado" para describir los niveles de corrupción existentes bajo los gobiernos anteriores.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó este lunes el calificativo de "narcoestado" para describir los niveles de corrupción existentes bajo los gobiernos anteriores. | Foto: EFE

Publicado 11 agosto 2020


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Es un nuevo escándalo de corrupción relacionado con los fondos públicos, que afecta a gobiernos mexicanos anteriores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dio a conocer este martes que la filial en México de la empresa Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), entregó hasta cuatro millones de dólares a líderes sindicales y funcionarios mexicanos entre 2010 y 2017.

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En ese término, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, WAC México entregó los mencionados sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados gubernamentales, salud y magisterio para garantizar el pago sin mora, según los hallazgos de la SEC.

WAC, compañía especializada en préstamos con sede en el estado estadounidense de Carolina del Sur, acordó pagar 21,7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México.

WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó "grandes bolsas de efectivo", según el informe de la SEC.

"A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, WAC creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década", dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.

De acuerdo con informes oficiales de las autoridades mexicanas, durante la administración de Vicente Fox aparecieron los primeros contratos entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte) y empresas financieras no reguladas que endeudaron a profesores con préstamos garantizados vía nómina.

Por otro lado, en 2013 se dio a conocer que al amparo del sindicato liderado por Elba Esther Gordillo, la Secretaría de Educación Pública actuó como cobradora de empresas financieras privadas no bancarias que otorgaron préstamos garantizados vía nómina a trabajadores públicos.


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