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La policía reprime un verdurazo en Constitución.

La policía reprime un verdurazo en Constitución. | Foto: Infonwes

Publicado 25 octubre 2019





La desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel sacudieron al país.

Argentina ha vivido en los últimos años una política represiva, de criminalización de la protesta y de persecución a dirigentes opositores que no escapó a la lógica del lawfare que se desarrolló en distintos países de la región de la mano de gobiernos neoliberales, como fue el caso de Brasil y Ecuador, por mencionar algunos ejemplos.

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La persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, la detención arbitraria de dirigentes sociales y de exfuncionarios de la gestión kirchnerista, la desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, la modificación por decreto de la Ley de Migraciones fueron sólo algunos de los hechos que obligaron a los organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre la política que implementó en el país durante estos años el actual gobierno.

En diálogo con teleSUR, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chiller expresó: “El gobierno tuvo regresiones graves en todos los niveles. Empezó con la detención arbitraria de Milagro Sala a pocos días de asumir y termina de alguna manera criminalizando la protesta. Reivindicó el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. El desempeño del gobierno en los 74 días de desaparición de Santiago Maldonado negando cualquier tipo de responsabilidad y desviando la investigación. Las cárceles están con una sobrepoblación histórica. Y ni hablar si uno analiza la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la mano de la tremenda crisis económica en la cual termina el gobierno y eso por supuesto impacta en el derecho a la salud, el derecho a la educación. Sabíamos que el tema de derechos humanos no iba a estar en el centro de la escena con este gobierno pero no imaginábamos que las regresiones iban a ser tan severas”.

En relación a la afectación de los derechos económicos, sociales y culturales en los últimos cuatro años los datos oficiales dan cuenta de un agravamiento en todos los indicadores. La caída de la economía fue del 1,8 por ciento en 2016, del 2,5 por ciento en 2018 y del 2,6 por ciento en el primer semestre de 2019. Sólo en 2017 se registró un crecimiento del 2,7 por ciento que coincidió con el año electoral. El consumo también sufrió una caída sostenida. Según los últimos datos oficiales en julio de este año las ventas en supermercados tuvo una variación interanual de -12,7 por ciento y en los centros de compra de -9,8 por ciento. Uno de los datos si se quiere más dramáticos tiene que ver con la caída del consumo de leche que en la actualidad es el más bajo en los últimos 29 años. También se registró una caída del consumo de carne y esta situación está directamente ligada con el incremento desmedido de precios.

La inflación interanual de septiembre fue del 53,5 por ciento, más del doble que la de 2015 y los niveles inflacionarios alcanzados durante esta gestión fueron los más altos desde 1991. Esto repercutió, junto a otras políticas como la apertura indiscriminada de las importaciones, en la caída de la producción y el aumento de la capacidad ociosa de la industria. Según el último informe del INDEC, en agosto de 2019 el uso de la capacidad instalada se redujo al 60,5 por ciento. A julio de este año, según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porcesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cerraron 15.424 empresas desde que asumió Macri. La desocupación creció al 10,6 por ciento en el segundo trimestre de 2019 y el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados cayó en términos reales. Se estima que la pobreza podría alcanzar el 40% hacia fin de año. La mitad de los niños menores de 14 años son pobres en Argentina y a pesar que la ley de Emergencia Alimentaria se aprobó el 18 de septiembre, desde diversos sectores denuncian que el gobierno aún no la implementó. A estos datos hay que agregar la reducción en términos reales de los presupuestos en educación, ciencia y técnica y la eliminación de los ministerios de Trabajo, Salud, Ciencia y Técnica, Cultura, por mencionar algunos.

La cada vez más crítica situación económica y social llevó a organizaciones sindicales, sociales y políticas a las calles. La respuesta fue la criminalización de la protesta social.

“El gobierno de Cambiemos desde el mismo 10 de diciembre de 2015 llevó adelante una política de derechos humanos altamente regresiva en todos los ámbitos. En relación al derecho a la protesta una de las primeras medidas que anunció el gobierno apenas asumió fue el protocolo anti piquetes y llevó adelante una política de criminzalización tanto de la libertad de expresión como de las manifestaciones públicas a lo largo de estos cuatro años. También llevó adelante una política altamente represiva poniendo en juego el valor de la vida, generando un discurso de demagogia punitiva en el cual se le dio rienda suelta a las fuerzas de seguridad para un uso abusivo de la fuerza policial y de la fuerza letal. Hay que recordar aquella incursión de la Gendarmería en un barrio de la Capital Federal en donde se reprimió a unos niños que estaban en una murga. De ahí en adelante, pasando por los hitos de gatillo fácil y de violencia estatal que derivaron en la muerte tanto de Rafael Nahuel, como de Santiago Maldonado, Facundo Ferreyra -un niño de 12 años en Tucuman que fue asesinado por la policía-- y tantos otros casos que tuvo su corolario en lo que se denominó la doctrina Chocobar cuando el Presidente de la Nación recibió en la Casa Rosada a un policía que había asesinado a una persona que presumiblemente había cometido un robo cuando estaba de espaldas”, señaló la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, especialista en derechos humanos e indígenas.

La desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, se dieron en contextos de represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las comunidades mapuches que reclamaban por sus derechos y que fueron catalogadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich como terroristas.

En ese sentido, Gómez Alcorta explicó que “en términos de derechos indígenas este gobierno tuvo una política de estigmatización. Por primera vez en todos estos años de democracia se calificó a las comunidades como terroristas. Se llevó adelante una política tanto discursiva como en materia de seguridad altamente criminalizante en relación a los pueblos indigenas de nuestro país”.

En ese mismo sentido, el diputado nacional Horacio Pietragalla señaló: “Lo que trajo el macrismo, tal vez no explícitamente pero sí camuflado, es otra vez la teoría del enemigo interno con las minorías, con los pueblos originarios. Una de las primeras cosas que hizo Macri fue derogar la ley de venta de tierras a extranjeros y nadie se horrorizó. Ahora cuando una comunidad de los pueblos originarios reclama por sus tierras, ellos estimulan que la sociedad reaccione de manera despectiva y violenta sobre las comunidades con las que el Estado tiene una deuda histórica. Tienen un muy buen poder de manipulación a través de los medios hegemónicos de comunicación e instalan teorías que ya dabamos por sentado que estaban desterradas, como la teoría de los dos demonios o del enemigo interno y la persecución a minorías”.

En relación a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, el director del área de litigios del CELS, Diego Morales, advirtió sobre el proceso de deterioro que impuso el gobierno en el área: “el gobierno desfinanció y despidió trabajadores que se encargaban de hacer la parte más difícil de este proceso en Argentina que tiene que ver con acompañar testigos, recuperar pruebas, presentarlas, organizarlas y a partir de ahí las funciones del Poder Ejecutivo se vieron diluidas. También se escucharon declaraciones negando lo que ocurrió en la última dictadura militar. Eso nos lleva a un escenario de detracción de la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de verdad y justicia, algo que nosotros siempre requerimos en función de las necesidades que exige este tipo de procesos en la actualidad donde hay que investigar a las empresas, al rol de las cúpulas eclesiásticas y también sectores civiles de inteligencia que necesitan alguna respuesta por parte del poder judicial”.

Con la llegada de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a la Corte Suprema de Justicia de la Nación –jueces que Macri quiso nombrar inicialmente por decreto– y con el acompañamiento de Elena Highton de Nolasco, esos tres magistrados beneficiaron a genocidas con el 2x1 que permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron privadas de su libertad las personas sin sentencia firme. Las movilizaciones masivas y el rechazo popular a esta medida obligó al Congreso de la Nación a aprobar una ley que limitó la aplicación de ese beneficio a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y luego la Corte revirtió su propio fallo. Pero esa decisión inicial se debe inscribir en el contexto de la nueva política impulsada por el gobierno. En 2014 Mauricio Macri había declarado que con él se acabaría “el curro de los derechos humanos” y cuestionó el número de 30 mil desaparecidos. “El gobierno ha tenido una política discursiva enrolada en el peor de los negacionismos que es el negacionismo oficial que ha intentado relativizar o negar los crímenes del terrorismo de Estado”, afirmó la abogada Gómez Alcorta.

Otra de las políticas que impulsó el gobierno y que representaron también una afectación a los derechos humanos estuvo vinculada a la modificación por decreto de la Ley de Inteligencia a través de la cual “liberaron la disponibilidad de fondos reservados por parte de las fuerzas de seguridad y sobre todo las fuerzas de inteligencia que ha generado un retraimiento en los mecanismos de control que tiene y necesita el Estado. Lo que hemos descubierto es que en las tareas de inteligencia, en particular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se ha desbocado. Es totalmente discrecional, ningún órgano político tiene un control sobre las actividades que lleva adelante la AFI y hemos identificado diversas situaciones de seguimiento a activistas sociales y también de tareas de inteligencia sobre redes sociales. Esto ha implicado, por ejemplo, la expulsión de personas que venían a participar de la reunión de la Organización Mundial de Comercio o las tareas de inteligencia en torno al G20 que se realizó en la Argentina en 2018”, explicó Morales.

En relación a la política de seguridad, desde el CELS también cuestionaron que “el Poder Ejecutivo identificó como un enemigo interno al narcotráfico, pero después las persecuciones se desarrollaron contra aquellos más débiles en el eslabón. Entonces lo que se produjo es una criminalización de consumidores y eso ha generado un abarrotamiento en las cárceles, ya sea en la provincia de Buenos Aires como también en el sistema federal. El Estado lo muestra como un logro cuando en realidad es un déficit de las políticas de investigación. En vez de investigar a los sectores poderosos del narcotráfico lo que hicieron fue penalizar al consumidor cuando se necesitan desarrollar políticas activas en materia de salud y también procesos mas relevantes en materia de despenalizacion del consumo por ejemplo para situaciones medicinales”.

Los migrantes también fueron objeto de estigmatización y persecución durante la era Macri con fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. “El decreto de Macri que modificó la ley de Migraciones sin pasar por el Congreso muestra un alineamiento de diferentes países como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, donde se estigmatiza al migrante y se lo señala como el responsable de supuestos aumentos de tasas de delincuencia. Lo mismo sucede con las comunidades mapuches. Se las asocia con supuestos hechos de terrorismo pero después no se acredita ninguna prueba o ninguna relación entre las comunidades mapuches y ese delito y lo que si queda es una percepción social acerca del problema de los migrantes y el problema de los mapuches. En realidad son comunidades que tienen derechos”, expresó Morales.

Otro de los ejes a considerar en relación a lo que sucedió en el país en estos años está vinculado con la utilización de nuevas tecnologías de vigilancia invasivas de la privacidad con una imposibilidad absoluta por parte del poder judicial y otros organismos de implementar un control sobre el uso de la información recopilada. En su informe 2019 sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, el CELS sostuvo que “la gestión de Cambiemos postuló que, para enfrentar los riesgos globales, se necesitan nuevas tecnologías que aumenten la capacidad de vigilar y acopiar información personal, junto con otras herramientas de investigación que son invasivas de la privacidad. El Estado desplegó nuevas y viejas prácticas de inteligencia legal e ilegal, de vigilancia y de criminalización de activistas, referentes y organizaciones”. Y agregó: “El discurso oficial asumió, como si fuera un nuevo sentido común, que las herramientas de vigilancia cada vez más invasivas deben ser parte de la vida política y social. Que el Estado vigila para investigar y cuidarnos. Este supuesto realismo político requiere debilitar los controles democráticos porque las expectativas de transparencia y acceso a la información son presentadas como incompatibles con las exigencias de seguridad nacional. De este modo, hoy casi no existen vías para obtener información sobre la legalidad del uso de estas herramientas de control y vigilancia”.

“Lo que se está mostrando como algo para protegernos se trata en realidad de politicas de control. El avance sobre politicas de control y represión ha sido una constante de estos cuatro años y lo interesante es que quisieron instalar políticas cada vez más represivas pero que no han podido completar como se imaginaban porque hay una sociedad que se resiste muchísimo, movimientos sociales, movimientos de derechos humanos que lo impiden”, aseguró a teleSUR, Mabel Thwaites Rey, doctora en Derecho Político y directora del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribel (IELAC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Con un eventual escenario de cambio de gestión, el director del CELS sostuvo: “El nuevo gobierno tendrá en temas de violencia institucional, carcelaria, de protesta social y en temas de derechos económicos y sociales una agenda enorme y la sociedad tiene que movilizarse para que la agenda tome un sentido positivo”. Ese será el desafío de los próximos años.


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