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Tras haber alcanzado un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley.
El Gobierno de coalición español ha aprobado el decreto-ley de la reforma laboral con la cual derogan la anterior legislación al respecto, del año 2012, aprobada entonces por el ejecutivo del Partido Popular, con la característica de ser la primera reforma que sale adelante con el acuerdo del Gobierno, agentes sociales y la patronal.
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La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y principal impulsora de la reforma, Yolanda Díaz dijo que se trata de "uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura", al tiempo que ha descrito la norma como una reforma con la que los trabajadores recuperan derechos.
La reforma laboral entrará en vigor tan temprano como el miércoles, aunque se haya decidido tramitar como decreto ley. De este modo, el Gobierno cumple lo pactado con la Unión Europea para recibir los fondos europeos de recuperación, cuyo primer tramo de 10.000 millones de euros (equivalentes a 16.000 millones de dólares).
Acabamos el 2021 cumpliendo el compromiso del Gobierno: una nueva legislación laboral que recupera derechos en favor del trabajo decente.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 23, 2021
Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por todas las horas dedicadas a este acuerdo de país. pic.twitter.com/YUgA5GI2ww
Uno de los objetivos de esta norma es poner fin a la elevada temporalidad en España y modifica varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y negociación colectiva. Para ello, establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo se podrá hacer dos tipos de contratos temporales: el estructural y el de formación.
La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo habrá un contrato temporal con dos causas: el de sustitución y el productivo. Así el nuevo contrato por circunstancias de la producción solo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de referencia.
�� Reforzamos el régimen sancionador para hacer frente a los fraudes en la contratación.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 28, 2021
Será la primera vez que se establezca en nuestro país que estas sanciones se apliquen por cada trabajador y trabajadora, y no por empresa. pic.twitter.com/YZvVunrNpr
Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual.
Asimismo, las partes han acordado reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente.
�� En la Administración Pública no se podrá despedir por causas económicas, ni técnicas, ni organizativas ni de producción.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 28, 2021
El trabajo decente también debe prevalecer en nuestras administraciones públicas. pic.twitter.com/Utl15mO5q5
La aprobación de la reforma fue uno de los principales caballos de batalla de Unidas Podemos, el partido cogobernante. El Partido Popular ha avanzado que, de llegar al Gobierno, la derogará.
