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La organización expresó que la evaluación para el desembolso no garantiza el respeto por los derechos humanos.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDE) de Ecuador rechazó, ante la primera evaluación del programa con el FMI, el avance de reformas económicas regresivas para el ejercicio de derechos humanos, incluyendo derechos económicos y sociales como el acceso a la salud, educación, trabajo decente y una vida libre de pobreza.
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Añadieron que el programa con el FMI incumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales suscrito por el Estado, debido a que no sigue la norma sobre la necesidad de que las medidas de austeridad se puedan adoptar si son objeto de procedimiento genuino de examen.
Precisaron que, de igual forma, el programa también incumplió en cuanto a la rendición de cuentas que incluye consultas legislativas y a la sociedad civil.
Ante la primera evaluación del programa con el #FMI, expresamos nuestro rechazo al avance de reformas económicas regresivas para el ejercicio de DDHH, incluyendo derechos económicos y sociales como el acceso a a la salud, educación, trabajo decente y una vida libre de pobreza. pic.twitter.com/5ad3gxDTXF
— CDES (@CdesEcuador) December 22, 2020
Destacaron que "en octubre de 2009 la falta de consulta generó los mayores niveles de conflictividad registrados en el país, además, la evaluación del programa debería garantizar la preservación del contenido básico de derechos en salud, bienestar social de las personas y educación".
El CDE informó que sin el cumplimiento de estas obligaciones presentes en los convenios internacionales de DD.HH., se hace el llamado a cuestionar la primera evaluación inconclusa.
Confirmado, FMI aprueba siguiente desembolso por $ 2000 MM y llama a continuar con el plan de austeridad y desregulación económica. Se menciona posible tensión del sistema financiero y acumulación de riesgos crediticios en escenario pospandemia. https://t.co/EFxtNSvGKH
— CDES (@CdesEcuador) December 22, 2020
A la par, expresaron su preocupación por la ausencia de una discusión y medidas para gestionar el problema del enorme volumen de divisas que salen de la economía ecuatoriana, o que simplemente no ingresan a la misma por parte de los grandes grupos económicos del país.
