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Paramédicos exigieron a la gobernadora puertorriqueña que se aumenten las pruebas para detectar el Covid-19.

Paramédicos exigieron a la gobernadora puertorriqueña que se aumenten las pruebas para detectar el Covid-19. | Foto: EFE

Publicado 16 abril 2020


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Medios locales revelaron el martes pasado que hubo irregularidades en el trámite para comprar pruebas de coronavirus.

Lo puertorriqueños hicieron sonar cacerolas la noche del miércoles en protesta contra el Gobierno de Wanda Vázquez, que se ha visto envuelto en escándalos por presuntos actos de corrupción.

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El periodista de teleSUR en Puerto Rico, Luis de Jesús Reyes, informó en su cuenta de Twitter que la cuarentena, impuesta por las autoridades sanitarias ante la pandemia de coronavirus, “no impide la protesta” en la isla caribeña.

“Vuelven los #Cacerolazos contra el gobierno por los actos de corrupción destapados los últimos días, en medio de la #PandemiaMundial”, manifestó Reyes, quien añadió que a la gobernadora Vázquez le exigen las pruebas de despistaje del coronavirus.

Medios locales revelaron el martes pasado que hubo irregularidades en el trámite para comprar pruebas de coronavirus, que tendrían un sobreprecio.

El diario El Nuevo Día informó que el contrato de 38 millones de dólares entre la empresa Apex General Contractors y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), para la compra de un millón de pruebas rápidas de Covid-19, fue firmado por algunas de las partes antes de que recibiera el visto bueno del Departamento de Salud.

En forma paralela, la senadora Rossana López León denunció el miércoles que la gobernadora otorgó un contrato por 2.2 millones de dólares, para adquirir respiradores -que también tendrían un sobreprecio-, a una empresa que opera un colmado (una tienda) en el sector de Villa Palmeras en Santurce.

"Es con gran indignación que tenemos que denunciar esta nueva maniobra del actual gobierno de realizar contrataciones altamente cuestionables con fondos públicos en medio de la pandemia”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, el comerciante aludido Ricky Castro, presidente de Castro Business Enterprises, negó que tuviera un contrato con el Gobierno por 2.2 millones y pidió a la senadora que se retractara de su denuncia.


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