Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
La norma brindó amnistía a militares y Policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar.
La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay, rechazó este jueves la propuesta presentada por el partido de derecha Cabildo Abierto ante el Parlamento para restituir la Ley de Caducidad promulgada en 1986.
LEA TAMBIÉN
Dicha norma aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, brindó durante años una amnistía a militares y Policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar establecida entre 1973 y 1985, al tiempo que delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.
Según el texto promovido por el exgeneral Guido Manini Rios para buscar "una pacificación definitiva" en el país,
el "proceso penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en la justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos en el sistema".
La gravedad del rumbo que tomen las políticas publicas del gobierno en torno a una regresión del demorado camino de hacer realidad la verdad y la justicia sobre crímenes de lesa humanidad, tornan necesarios pronunciamientos inequívocos.https://t.co/aIA0ckyajf
— PIT CNT (@PITCNT1) August 5, 2020
A propósito, el constitucionalista Martín Risso recordó que los delitos de lesa humanidad "no prescriben", mientras el PIT-CNT recordó que el actual Gobierno uruguayo está en la disyuntiva de si “enfrenta la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado o (…) si por el contrario opta por políticas a favor de la impunidad”.
Ante la “gravedad del rumbo que tomen las políticas públicas del Gobierno en torno a la verdad y la justicia sobre crímenes de lesa humanidad”, el PIT-CNT llamó a emitir “necesarios pronunciamientos inequívocos, tanto por el gobierno, como de todo el sistema político”.
Por su parte, especialistas en derechos humanos y constitucionalistas señalaron que de aprobarse la propuesta hecha por Ríos, el país “desacataría” la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obligó a Uruguay a juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad por considerar que la normativa "carecía de efectos jurídicos".
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se desligó del proyecto de Manini Ríos, aunque no lo rechazó. “No hay posición del Gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir”, precisó.
