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Castillo era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Castillo era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres. | Foto: @MP_Honduras

Publicado 11 marzo 2018



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Tras la audiencia inicial, se sentenció a prisión preventiva al supuesto autor intelectual del homicidio de Cáceres, condena que cumplirá en la Penitenciaria Nacional.

La Justicia hondureña dictó este sábado prisión preventiva contra Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato de la líder social Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016.

El acusado compareció ante un juez con jurisdicción nacional y, tras la audiencia inicial, el magistrado resolvió su formal procesamiento y dictó prisión preventiva contra Castillo en la Penitenciaría Nacional, lugar al que fue remitido tras su captura el 2 de marzo.

Castillo, quien era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que se oponía la ambientalista, deberá permanecer en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en un término no mayor a 60 días, mientras se desarrolla la audiencia preliminar.

Según informan fuentes policiales, el acusado fue arrestado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país. De esta manera, ascienden a nueve personas las detenidas por el homicidio de Cáceres.

Los otros ocho detenidos por el crimen son Sergio Ramón Rodríguez, (exgerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (exoficial del Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte; Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández y Oscar Aroldo Torres.

>> Dos años sin Berta Cáceres, tiempo de lucha por justicia social

Cáceres, quien además era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en su domicilio en la ciudad de La Esperanza, occidente del país centroamericano.

Por su parte, la empresa DESA rechazó la acusación contra Castillo y solicitó su liberación, al alegar que no ha tenido nada que ver con la muerte violenta de la líder social. 


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