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Piñera aseguró que si se repitieran las mismas circunstancias de las primeras jornadas de manifestaciones, "volvería a decretar estado de emergencia".

Piñera aseguró que si se repitieran las mismas circunstancias de las primeras jornadas de manifestaciones, "volvería a decretar estado de emergencia". | Foto: Reuters

Publicado 9 noviembre 2019

El presidente chileno prefirió apuntar a la "prudencia" y no opinar sobre si durante las movilizaciones se han cometido violaciones a los derechos humanos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció en una entrevista con un medio local este sábado que en el país se han cometido “abusospoliciales contra los manifestantes, sin embargo, desestimó admitir que  se han violado los derechos humanos en represión a las protestas.

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"Creo que ha habido excesos, abusos, incumplimiento de los protocolos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de justicia", manifestó Piñera.

Piñera prefirió apuntar a la "prudencia" y no emitir ninguna opinión sobre si durante las movilizaciones se han cometido violaciones a los derechos humanos e insistió en que tanto su Gobierno como las fuerzas de seguridad -Policía y Ejército- tienen "el compromiso de respetar(los)", por lo que "todo hecho que pueda revestir carácter de exceso, abuso, delito o atropellos" será procesado.

 

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A pesar de la negación del mandatario, las cifras hablan por sí solas: en 22 días de protestas, han ocurrido 20 muertes y los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, contabilizan 1.915 heridos, de los que más de la mitad resultaron víctimas de disparos. Asimismo, el Ministerio Público informó esta semana la apertura de diligencias a 14 policías por supuestas torturas.

Y se trata solo de aproximaciones, a inicios de este mes, el director del INDH, Sergio Micco, advirtió que sus observadores no han podido visitar todas las comisarías y centros de salud del país; por su parte, el presidente de la Cruz Roja chilena, Patricio Acosta, aseguró que sus estadísticas son “más gruesa que la que manejan las autoridades sanitarias” y sobrepasan los 2.500 lesionados.

Los grupos de ayuda e instituciones de salud reportan un creciente número de personas que han perdido ojos, como consecuencia de los disparos de perdigones y balas de goma de los carabineros contra los manifestantes y solo la la Defensoría de la Niñez ha recibido más de 150 casos relacionados con menores.

Mas, el jefe de Estado aseguró que si se repitieran las mismas circunstancias de las primeras jornadas de manifestaciones, "volvería a decretar estado de emergencia" y dijo que la acusación constitucional en su contra, anunciada por parlamentarios de oposición, "no tiene fundamentos".

Y, mientras pidió que la Fiscalía "investigue con celo y urgencia" a los responsables de los destrozos en la vía pública y el Metro de Santiago, defendió la actuación de las fuerzas del orden, expresando que le gustaría que quienes opinan se hubieran puesto en la situación de algunos carabineros, cuya vida e integridad han estado en riesgo.

Reforma Constitucional

En la misma entrevista, Piñera declaró que el Gobierno está embarcado en un proceso de reforma constitucional -aunque no dio plazos para su presentación ante el Congreso-, proyecto que no satisface del todo la demanda social: una nueva Carta Magna y no una actualización de la existente, originada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora", afirmó el mandatario, quien explicó que la reforma “profunda” debe "definir mejor los derechos de las personas" y "las obligaciones del Estado" así como "crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz".

 

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Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia el 11 de marzo del año pasado, su Gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley para modificar la Constitución que su predecesora, Michelle Bachelet (2014-2018), envió al Congreso. 

Entre otros, aquel proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres: luego de más de tres semanas de convulsión social, el presidente explicó que su propuesta debe ser "discutida" junto a la de Bachelet y con otras que puedan surgir, aunque las variaciones deberán ser "más profundas de las pensadas hace unos años", debido a la situación actual.

La ciudadanía se ha manifestado desde el 18 de octubre, a diario, contra la desigualdad social que existe en Chile. El movimiento que comenzó debido al descontento por el aumento del precio del metro, evolucionó pidiendo reformas en el modelo liberal -pensiones, salud, educación, transporte, costes de los servicios básicos- reclamos a los que se han unido la exigencia de que el mandatario renuncie y la necesidad de una nueva ley de leyes. 

 

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Piñera afirmó que la Carta Magna ha sufrido más de 200 modificaciones a más de 40 artículos desde el retorno a la democracia; a su vez, el Gobierno ha enfatizado que la única instancia válida para discutir las transformaciones sería el Congreso, con lo cual desconoce las voces que demandan una Asamblea Constituyente.


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