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Durante 2020 se han formulado varias denuncias sobre presunta responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas de Colombia en casos de violencia sexual.

Durante 2020 se han formulado varias denuncias sobre presunta responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas de Colombia en casos de violencia sexual. | Foto: Deustche Welle

Publicado 20 noviembre 2020


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Se solicitó hacer recomendaciones a la institución armada por su presunta responsabilidad en casos de violencia sexual.

La congresista colombiana, Ángela María Robledo, solicitó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que verifique la actuación de las Fuerzas Militares en casos de supuesta violencia sexual en Colombia.

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Durante su intervención en la XI Asamblea del Grupo de Parlamentarios para la Acción Global por la Paz (PGA, por su sigla en inglés), que se realizó de manera virtual, la legisladora explicó que la solicitud busca que Colombia siga siendo un país observado y que se puedan hacer recomendaciones a la institución armada en virtud de su presunta responsabilidad en casos de violencia sexual, que tienen un alto grado de impunidad", dijo.

La representante del partido Colombia Humana también pidió a la CPI que recabe del Estado colombiano información en detalle sobre los crímenes cometidos por los actores del conflicto armado, especialmente por las fuerzas de seguridad del Estado, en aras de elaborar un análisis independiente e imparcial.

Previamente, la congresista envió a la CPI un informe actualizado de las afectaciones sistemáticas que sufren las mujeres, jóvenes y niñas a partir de las distintas formas de violencia en Colombia, y que semanas atrás se había presentado a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Dubravka Simonovic.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal colombiano, de los 7.544 exámenes médicos legales realizados por presunto delito sexual durante 2020, 16 de los casos pertenecen a la fuerza pública.

La PGA es la red internacional, no gubernamental y multipartidista de legisladores, que agrupa a más de 1.200 miembros de 138 parlamentos de todo el mundo y los moviliza a promover el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, la inclusión y la igualdad de género.

En la XI Asamblea de PGA participaron el fiscal adjunto de la CPI, James Steward, y la asesora especial en Género de la Corte, Patricia Viseur Sellers.


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