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Los siete magistrados del Tribunal Constitucional coincidieron en que las elecciones deben realizarse el próximo 26 de enero.

Los siete magistrados del Tribunal Constitucional coincidieron en que las elecciones deben realizarse el próximo 26 de enero. | Foto: Tribunal Constitucional de Perú

Publicado 14 enero 2020





La acción del presidente Martín Vizcarra fue respaldada con cuatro magistrados a favor de declarar infundada la demanda, frente a tres que votaron en contra.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Perú respaldó este martes la decisión del mandatario Martín Vizcarra sobre disolver el Congreso, al declarar infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

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Olaechea había respondido contra de la disolución del Parlamento el pasado 30 de septiembre, acusando al Ejecutivo de invadir competencias propias del Legislativo, lo que a su juicio era inconstitucional. 

Sin embargo, la acción del jefe de Estado fue respaldada con cuatro magistrados a favor de declarar infundada la demanda, incluida la presidenta del Tribunal, Marianella Ledesma, frente a tres que votaron en contra.

El primer grupo estimó que, pese a que el Congreso aprobó en votación la cuestión la confianza para modificar las reglas en la elección de los tribunos, al continuar con el proceso de designación se habría rechazado en la práctica la confianza.

Por otro lado, el segundo sostuvo que el Gobierno incurrió en una infracción constitucional al interpretar que se le había denegado la cuestión de confianza de manera “fáctica”, cuando fue aprobada en una votación expresa por los congresistas.

Los siete magistrados del TC coincidieron en que las elecciones para elegir a la totalidad de los 130 miembros del Parlamento deben realizarse el próximo 26 de enero, con el objetivo de que se complete el periodo 2016-2021 del Congreso disuelto.

Vizcarra destacó que "la actuación de este Gobierno es, y ha sido siempre, respetando nuestra Constitución", celebró la decisión del Tribunal Constitucional, afirmando que "ha cerrado un capítulo".

El pasado 30 de septiembre, el presidente decidió disolver el Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional.

Además, indicó que los parlamentarios, de mayoría opositora, buscaban designar a magistrados que responderían "a sus intereses" y no a los de la nación, por lo que creía indispensable cambiar la metodología para el nombramiento de los miembros del Tribunal.


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