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La demanda fue presentada el pasado 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente y presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea.

La demanda fue presentada el pasado 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente y presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea. | Foto: Gestión

Publicado 14 octubre 2019

Tras el debate, en caso de que el recurso sea admisible, "se correrá traslado a la parte demandada (el Ejecutivo) y se le dará un plazo para contestar por escrito".

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú analizará el próximo jueves una demanda de nulidad sobre la disolución del Parlamento decretada por el presidente Martín Vizcarra, según informó este lunes el titular de la corte, Ernesto Blume.

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"Estoy convocando para el jueves a un pleno para analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el Poder Ejecutivo sobre la disolución del Congreso", declaró Blume en rueda de prensa.

Tras el debate, en caso de que el recurso sea admisible, "se correrá traslado a la parte demandada (el Ejecutivo) y se le dará un plazo para contestar por escrito, luego se citará a los abogados de la dos partes para que el TC lo escuche en audiencia y finalmente tome una decisión", detalló.

La demanda fue presentada el pasado 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente y presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, pese a la insinuación de Vizcarra de evaluar una posible acusación en su contra por "usurpar funciones" al firmar el documento.

Olaechea sostiene que la disolución es contraria a la Constitución y plantea una medida cautelar, lo que implica que el TC suspenda la disolución hasta que se emita un fallo definitivo sobre la demanda, reclamo que, según Blume, también será procesado.

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En primera instancia, la Corte analizará la pertinencia constitucional de la demanda, cuestionada en forma y fondo por juristas y analistas políticos, y decidirá si la acepta.

Blume también manifestó que estudiará la propuesta sobre un hábeas corpus de la exparlamentaria Keiko Fujimori para obtener su libertad, después de que todas las instancias judiciales confirmaran la prisión preventiva que cumple hace casi un año, reducida de 36 a 18 meses por la Corte Suprema.


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