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El ministro de Justicia informó que la ayuda a los familiares de las víctimas de la represión se entregará a finales de febrero e inicios de marzo.
El Gobierno peruano anunció el miércoles la entrega de ayuda económica a los familiares de los fallecidos y heridos de gravedad a causa de la represión a las manifestaciones contra la presidenta designada Dina Boluarte.
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Según el decreto presidencial de urgencia, autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar 50.000 soles (13.040 dólares) a las familias de los fallecidos, y 25.000 soles (6.520 dólares) a quienes tengan parientes lesionados.
De acuerdo al decreto, la ayuda económica sería financiada por el Ministerio de Justicia y no demandaría fondos adicionales del Tesoro Público.
Hoy, se publicó el Decreto de Urgencia N. ° 006-2023 que autoriza el otorgamiento de un apoyo económico a los deudos de las personas fallecidas y los heridos de gravedad, en el marco de las protestas sociales. Conoce los detalles aquí �� https://t.co/lS7UFhldrQ. pic.twitter.com/3ng8A0Nype
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 22, 2023
El ministro de Justicia, José Tello, informó a medios locales que la ayuda a los familiares de las víctimas de la represión se entregará a finales de febrero e inicios de marzo.
Las familias beneficiarias del apoyo económico serán aquellas que han perdido a un ser querido, así como las personas heridas de gravedad en las manifestaciones ocurridas entre el 08 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023, y que han sido identificadas por la Comisión Multisectorial creada por el Gobierno peruano.
#Perú Gobierno aprueba otorgar "apoyo económico" a las víctimas de las manifestaciones entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023.
— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) February 22, 2023
50,000.00 soles por fallecido (US$ 13,000.00)
25,000.00 soles por herido (US$ 6,500.00) pic.twitter.com/PU9nZJ9a4N
Las protestas en Perú comenzaron el 7 de diciembre tras la sustitución de Pedro Castillo y exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 60 personas han muerto a causa de la represión de las fuerzas de seguridad y 1.800 personas han resultado heridas en todo el país.
