La ejecución de la pena de muerte no representa una garantía para la reducción de los índices de criminalidad en los países que la establecen en su legislación.
Más de 100 países del mundo aún mantienen la pena de muerte como la sentencia máxima ante crímenes que abarcan desde el tráfico de drogas hasta la violación y el asesinato, castigo judicial que no siempre influye de forma favorable en la reducción de delitos en esas naciones.
El estadista de la Universidad de Dartmouth (EE.UU.), John Lamperti, afirmó que en su momento que varios investigadores compararon los índices de criminalidad antes y después de la instauración de esta medida en algunos estados y no "encontraron que la pena de muerte haya incidido a la baja en la tasa de homicidios".
Estados Unidos (EE.UU.) es el principal país que tiene en su legislación la pena de muerte como castigo por la ejecución de delitos capitales, principalmente, se realizan en los estados de Texas, Oklahoma, Virginia, Florida, Missouri, Alabama, entre otros.
Sin embargo, el Archivo de violencia con armas (Gun Violence Archiven inglés), grupo de investigación que registra cada delito con armamento en EE.UU., reveló que en 2017 hubo unos 346 tiroteos y 382 en 2016. En lo que va de 2018, la cifra llega a casi 300.
Naciones como Tailandia, Malasia, Vietnam, Japón, India, entre otros, estipulan la pena capital en su normativa, pero en territorios como Myanmar, Sri Lanka y Laos, esta decisión no se ha implementado en unos diez años.
Uno de los crímenes más recurrentes en este continente es la violencia hacia la mujer que, en 2017, fueron contabilizados unos 8.000 casos, de los cuales, la mayoría fueron a manos de sus parejas.
En Medio Oriente, países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania cuentan con la pena capital, así como Egipto. En esta región aún persisten diversos conflictos armados que incrementan la cifra de violencia diariamente y superan los alarmantes datos cada año.
Bielorrusia es el único país que establece la pena de muerte luego de que, tras celebrarse un referendo en 1996, el 80,5 por ciento de la población respaldó su continuidad como castigo.
Al igual que en Asia, la violencia doméstica contra la mujer es uno de los delitos que persiste en el país con miles de víctimas, pese a las normativas implementadas por el Gobierno.