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El parlamento británico intentará bloquear el brexit duro que impulsa Johnson.

El parlamento británico intentará bloquear el brexit duro que impulsa Johnson. | Foto: Reuters

Publicado 4 septiembre 2019

Los parlamentarios buscan cerrar la posibilidad legal de una salida abrupta de la Unión Europea, como pretende el primer ministro Boris Johnson.

Parlamentarios del Reino Unido adoptaron en primera instancia este miércoles la propuesta de un proyecto de Ley que obliga al primer ministro, Boris Johnson, a solicitar una prórroga del brexit en caso de que antes del próximo 19 de octubre no se resuelva un acuerdo para la salida del país de la Unión Europea (UE).

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Con un total de 329 votos a favor y 300 en contra, los diputados británicos expresaron estar en contra de la propuesta de Johnson de un brexit duro, que implica la salida de la UE sin mediar acuerdo. Argumentan que este escenario entraña peligrosos impactos diplomáticos y económicos para el Reino Unido.

Ahora la propuesta deberá pasar a una comisión parlamentaria, donde será debatida con rigurosidad y podría recibir eventuales enmiendas dentro de un proceso acelerado por el inminente ultimátum.

Presagiando una posible derrota, Johnson había manifestado que parlamentarios conservadores que se unieran a la oposición perderían cualquier posibilidad de participación en el Ejecutivo. Asimismo, ratificó la posibilidad de una clausura total del legislativo, si este insiste en entorpecer la salida del bloque comunitario.

En este sentido, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, Escocia, a través del juez Lord Raymond Doher, aclaró que la propuesta de un cierre del parlamento es jurídicamente viable, teniendo en cuenta que es una acción de exclusividad del Ejecutivo británico.

"La suspensión de sesiones del Parlamento son dominio de la política y de la forma de decisiones y no puede evaluarse con criterios legales, sino solamente políticos", indicó el magistrado escocés.

Ante este pronunciamiento, la bancada opositora compuesta por 75 parlamentarios, comunicó a la opinión pública que apelará la decisión jurídica aludiendo que existen mecanismos legales donde puede ser revocada.


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