El presidente del Parlamento Catalán, Roger Torrent, anunció este viernes la suspensión del pleno de la investidura del presidente, que estaría pautada para el próximo lunes 12 de marzo.
Mediante un comunicado Torrent explicó que decidió aplazar la investidura mientras se resuelven las medidas cautelares del candidato independentista a ser investigo Jordi Sánchez.
Según medios locales, la investidura, que ya no cuenta con una fecha prevista, se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con respecto a la demanda que se presentará el venidero lunes.
Com vaig informar, esgotades les instàncies estatals, cal recórrer a tribunals internacionals, i per això la defensa del diputat Jordi Sànchez presentarà dilluns una demanda de mesures cautelars al Tribunal Europeu dels Drets Humans per preservar els seus drets.
— Roger Torrent �� (@rogertorrent) 9 de marzo de 2018
La decisión fue tomada luego de que el Tribunal Supremo de España negara la solicitud de Sánchez introducida el pasado para que le concedieran la libertad o al menos le permitieran acudir el próximo lunes a la investidura.
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Cabe destacar que Jordi Sánchez esta encarcelado desde el 16 de octubre de 2017, investigado por los delitos de rebelión y sedición durante el proceso independentista de Cataluña.
Demanda en defensa de Sánchez
El próximo lunes, fecha en que debía ser la investidura, se introducirá ante el TEDH una solicitud amparándose en el artículo 39 del reglamento del Tribual de Estranburgo, que está reservado para casos muy específicos, para que permita la investidura de Sánchez.
A l’espera que Estrasburg resolgui la demanda de mesures cautelars, el debat d’investidura convocat pel 12 de març queda ajornat. Com a President del #Parlament tinc la ferma voluntat de garantir i defensar els drets polítics de totes les diputades i diputats.
— Roger Torrent �� (@rogertorrent) 9 de marzo de 2018
Esta es la segunda vez que la investidura del próximo presidente de la Generalitat, luego de que Puigdemont renunciara al cargo alegando que no podría ser investido sin poner en riesgo judicial a los diputados investigados por Supremo y los miembros de la mesa.