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Ecuador posee unos 61.958 casos de la Covid-19 y 4.781 decesos acumulados.

Ecuador posee unos 61.958 casos de la Covid-19 y 4.781 decesos acumulados. | Foto: EFE

Publicado 6 julio 2020



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La Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador señala la inefectividad del Gobierno ante la pandemia.

 

Organizaciones de Derechos Humanos mostraron su preocupación por la extensión de 60 días más del estado de excepción en Ecuador.

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En un comunicado, califican lo dispuesto por el Gobierno de Lenín Moreno como una “suspensión de los derechos de libertad de tránsito y de asociación y reunión, y la movilización de las fuerzas armadas, para controlar el orden público y controlar la limitación de derechos”.

Al respecto, la Alianza por los Derechos Humanos solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador que declare inconstitucional el estado de excepción establecido mediante el Decreto Ejecutivo 1074 de 15 de junio de 2020, que tomó extensión desde el 29 de junio.

Señala la improcedencia de la causal de “emergencia económica sobreviviente”, argumentada por la administración de Moreno, pues esta “no es una causal constitucional; y, por tanto, el estado de excepción no puede ser utilizado para generar mecanismos para enfrentar la crisis”.

Asimismo, la organización de DD.HH. llamó a declarar también inconstitucional la movilización de las Fuerzas Armadas para el “control del orden público”, al considerar que esto puede ser utilizado para afectar derechos constitucionales como el derecho a la protesta y movilización pacífica, derecho a la participación y libertad de expresión, entre otros.

Más adelante, resalta que el Ejecutivo ha tenido 90 días de poderes acumulados y no ha desarrollado con eficacia los mecanismos ordinarios necesarios para combatir la Covid-19 y sus efectos.

En consecuencia, la Corte vuelve a exhortar al Ejecutivo que “tome las medidas necesarias para organizar y afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos jurídicos ordinarios”.

Al respecto, la Alianza por los Derechos Humanos se pregunta si en este tiempo tampoco se articulan los mecanismos ordinarios necesarios “¿estaremos condenados a vivir en permanente estado de excepción mientras dura la pandemia?”.

Agrega que es motivo de profunda preocupación la ligereza con la que la mayoría de la Corte Constitucional justifica la movilización de las Fuerzas Armadas para restablecer el “orden público”.

Destaca que en ninguna parte describe una situación de hecho que señala que el orden público ha sido alterado y que para restablecerlo sea necesaria la participación de las Fuerzas Armadas.


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