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Tras 57 allanamientos se detuvieron a 28 personas vinculadas a una organización que al parecer beneficiaba indebidamente a empresas en la contratación de obras públicas.

Tras 57 allanamientos se detuvieron a 28 personas vinculadas a una organización que al parecer beneficiaba indebidamente a empresas en la contratación de obras públicas. | Foto: EFE

Publicado 14 junio 2021



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Uno de los lugares allanados como parte del operativo fue una oficina ubicada en la Casa Presidencial.

Autoridades judiciales costarricenses informaron este lunes de la detención de 28 sospechosos por un caso de presunta corrupción en la adjudicación de obras y mantenimiento vial que relaciona a varios funcionarios y empresas de infraestructura.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó 57 locales en los que hasta el momento se detuvieron 28 sospechosos en lugares como la empresa constructora MECO, el estatal Consejo nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como en casas de habitación.

Una mujer de apellido Solís Vargas, relacionada con la empresa H. Solís, junto a otros apellidos como Cerdas Araya, González Carballo, Arce Alpízar y Bonilla Guillén, de la empresa constructora MECO, fueron detenidos.

Igualmente, fueron detenidos en la sede del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) personas que respondían a los apellidos Rojas Monge y Madrigal Rímola, según recogen los medios locales.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, junto a la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estuvieron encargadas del operativo.

Ambas entidades responsabilizan a “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública a cargo del Conavi”, precisó el comunicado del Ministerio Público.

De acuerdo con el OIJ, El Estado queda perjudicado por una suma de 120,000.000 de dólares entre 2018 y 2020.

Asimismo, la Fiscalía investiga supuestos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado, que habrían sido perpetrados por funcionarios públicos del Conavi, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Ministerio de Hacienda, así como por personas particulares de empresas constructoras.

El director del OIJ, Walter Espinoza, explicó en rueda de prensa que la investigación comenzó hace dos años y que las diligencias de este lunes pretenden obtener pruebas y detener al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de un grupo de empresas privadas que habrían conformado la red de corrupción.


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