El informe aborda las temáticas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, la igualdad de género, la violencia doméstica y contra la mujer.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas exhortó este miércoles al Gobierno de Uruguay destinar recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para proteger los derechos de las mujeres y frenar la violencia generalizada contra ellas.
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En este sentido, el ente manifestó su preocupación por los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean abortar en el país suramericano; así como para la reparación a las familias como víctimas directas y las elevadas tasas de embarazo adolescente.
De acuerdo con el sexto informe del Comité de Derechos Humanos sobre Uruguay, durante 2021 se registraron 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica a nivel nacional; mientras que aún continúa sin asignarse el presupuesto para la implementación efectiva de las medidas de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género.
��️ “Aún existe una marcada brecha de representación de género en el personal de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas a nivel global”.
— ONU Mujeres (@ONUMujeres) July 27, 2022
—@mnvonumujeres @ONUMujeres en lanzamiento del primer Plan Nacional de la 1325 de la agenda de Mujeres Paz y Seguridad #Uruguay. pic.twitter.com/q6Bq6fw1Ic
Por otro lado, el Comité indicó un aumento considerable de muertes de mujeres bajo custodia en los centros penitenciarios, el nivel de hacinamiento en cárceles se alza al 135 por ciento, además de las insuficientes condiciones de reinserción y rehabilitación.
Asimismo, el ente señaló que los operadores judiciales, los cuerpos policiales, el personal de salud y asistencia social no cuentan con la formación para abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos.
En consonancia, el organismo internacional urgió a las autoridades a investigar exhaustivamente los actos de violencia contra mujeres y niñas, entre ellas la violencia doméstica y sexual; sancionar a los responsables y reparar a las víctimas del hecho criminal.