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La cúpula empresarial nicaragüense y los intereses de factores externos estarían detrás de la violencia desestabilizadora y la agenda golpista en el país.
Desde el 18 de abril la violencia de grupos radicales ha dejado decenas de muertos y heridos en Nicaragua, así como pérdidas materiales que superan los 233 millones de dólares, alrededor del 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
La violencia opositora inició bajo el argumento de protestar contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ante lo cual el Gobierno de Daniel Ortega derogó la medida y llamó al diálogo. Sin embargo, los actos vandálicos continuaron en busca de la desestabilización del país.
Tras reportarse los primeros asesinatos como resultado de la violencia, el Gobierno de Ortega condenó los crímenes de odio y exigió iniciar una investigación. Asimismo, denunció una campaña mediática de la derecha local, financiada desde el exterior.
El 22 de abril el Gobierno nicaragüense convocó a un diálogo nacional, con la Conferencia Episcopal como testigo y mediadora. Este se instala el 16 de mayo con la participación del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, representantes de la empresa privada, sectores de la sociedad civil y estudiantes.
Sin embargo, el diálogo fue suspendido por falta de consenso entre las partes y se retomó el 28 de mayo. Durante todo este tiempo, la violencia opositora no ha cesado pese a la exigencia por la paz que hace gran parte de la población nicaragüense.
"Lo que tiene lugar en Nicaragua no es una insurrección popular sino una operación de cambio de régimen", explica el director de la Revista Correo, Jorge Capelán, en su artículo ¿Qué pasa en Nicaragua?.
Capelán señala que grupos de extrema derecha, apoyados por bandas criminales, tienen secuestrada a la población nicaragüense con trancas en las calles (carreteras bloqueadas), el cobro de "peajes", violencia con bombas y armas de fuego, y los ataques contra bienes públicos como hospitales, escuelas, oficinas comunales y sedes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Paralelo a los actos vandálicos se han realizado múltiples movilizaciones en Managua y otras partes del país para exigir la paz y el diálogo.
Este 30 de mayo, miles de madres nicaragüenses marcharon en apoyo a la paz y en rechazo a los asesinatos durante la violencia en las calles.
“En Nicaragua no hay una insurrección popular contra el Gobierno, sino, por el contrario, la resistencia de todo el pueblo sandinista y no sandinista, contra un proyecto diseñado por y para las élites financieras y poderosos sectores de los Estados Unidos con el apoyo de sectores también poderosos de la Unión Europea”, reiteró Capelán.
"Sectores de la élite de poder estadounidense y europea" intervienen en las protestas opositoras, asevera Capelán. El motivo detrás de esto sería la posición geoestratégica del país, el cual "une América del Norte con América del Sur, además de permitir el paso del Mar Caribe al Océano Pacífico".
De este modo, para controlar a Centroamérica, "Nicaragua debe mantenerse pobre y en guerra", señala Capelán. En contraste, durante el Gobierno sandinista de Ortega, el 70 por ciento de la población pasó a la categoría de no pobre, mientras que la pobreza general descendió de 42,5 por ciento a 29,6 por ciento entre 2009 y 2014.
Además, la tasa de desempleo se ubicó en 6,0 por ciento en 2015; 6,2 por ciento en 2016; y 6,1 por ciento en 2017. La inversión social abarca el 60 por ciento del presupuesto nacional.
Entre 1990 y 2014 la población subalimentada pasó de 50,5 por ciento a un 16 por ciento, según la FAO. Mientras que la Unesco anunció que en 2009 la tasa de analfabetismo era menor al 5 por ciento.
Capelán, en su artículo, también apunta a la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo, que "desde hace décadas financia redes antisandinistas en Nicaragua".
La iniciativa de ley 'Nica Act' fue aprobada el año pasado por la cámara baja del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.), la cual busca bloquear "los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua". Esta es rechazada ampliamente por la población nicaragüense.
'Nica Act' surgió luego de que el presidente Ortega exigiera a Washington el pago la indemnización de 17.000 millones de dólares sentenciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986, por el papel de la nación norteamericana en "actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua".
La exigencia de Ortega ante EE.UU. y su rechazo a la injerencia pone en riesgo los intereses de las cúpulas empresariales de Nicaragua: Perder sus fuentes de financiamiento internacional.
"La cúpula empresarial (en Nicaragua) está compuesta por individuos vinculados a las finanzas internacionales, las empresas transnacionales o la mafia gerencial de las organizaciones de empresarios", explica Capelán.
"A esos grupos les tiene sin cuidado que Nicaragua sea destruida por una guerra, ellos tienen sus fondos de cobertura y sus sueldos de las multinacionales tras los cuales escudarse. Por ejemplo, Michael Healey, actual vocero de los fascistas insurrectos es un simple empleado de un ingenio propiedad de capitales colombianos. Asimismo, José Adán Aguerri, presidente de COSEP no posee empresa alguna aparte del propio COSEP. La familia Pellas, que durante la Revolución de los 80s declaró la huelga económica al Gobierno Sandinista y trasladó todo su dinero a los paraísos fiscales desde los que se dedicó a la especulación financiera, vio aumentar su poder e influencia con la guerra que desangró al país", dice Capelán en su artículo.
