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Torres era considerado por organizaciones de Derechos Humanos como uno de los principales personares y responsables de la tiranía de Pinochet.

Torres era considerado por organizaciones de Derechos Humanos como uno de los principales personares y responsables de la tiranía de Pinochet. | Foto: Twiiter: CDDHH Chile

Publicado 13 mayo 2021


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Fernando Torres fue fiscal general del Ejército chileno en el pinochetismo y fue acusado de delitos contra los DD.HH.

Fernando Torres Silva, quien se desempeñó como fiscal y auditor general del Ejército chileno en la época de la tiranía de Augusto Pinochet (1973-1990), falleció el miércoles en un hospital militar de Santiago, luego de ser beneficiado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

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Torres Silva cumplía condena en el penal de Punta Peuco, y recién había sido beneficiado con un indulto del Gobierno de Sebastián Piñera debido a que padecía cáncer de próstata con metástasis a los huesos, además de hipertensión arterial y síndrome anémico.

De acuerdo con el "Libro Negro de la Justicia Chilena", de la periodista Alejandra Matus, durante la tiranía se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes, determinó incomunicaciones prolongadas y arbitrarias más allá de lo permitido por la ley, y permitió que agentes de la CNI (Policía política pinochetista) golpearan y maltrataran a detenidos.

Asimismo, tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal, y en el encubrimiento sistemático de los violadores de derechos humanos.

El alto funcionario de la tiranía de Augusto Pinochet estaba condenado a diez años y un día por el homicidio calificado del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos.

En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.

Además del caso Berríos, Torres Silva también figura como encubridor del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982.

En agosto de 2015, Torres Silva, conocido como "el fiscal preferido de Augusto Pinochet", se entregó para cumplir con la sentencia dictada en su contra por los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio de Berríos, quien fue el encargado de perfeccionar armas químicas para exterminar a opositores de la dictadura cívico militar.

También, el exauditor general del Ejército está condenado como cómplice en el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, a una pena remitida ya cumplida.


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