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El MST se enfrenta a los desalojos de tierras en las cuales viven y producen, y que son impulsados por el gobernador de Minas Gerais.

El MST se enfrenta a los desalojos de tierras en las cuales viven y producen, y que son impulsados por el gobernador de Minas Gerais. | Foto: Twitter oficial del MST

Publicado 14 agosto 2020


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La Policía militar utilizó bombas de gas lacrimógeno contra el campamento campesino en el estado de Minas Gerais.

La Policía militar de Brasil disparó este viernes con bombas de gas lacrimógeno contra el campamento Quilombo Campo Grande, en el estado Minas Gerais. La agresión contra el campamento ocurre cuando se encuentran en el lugar ancianos y menores de edad.

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El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil y más de 100 movimientos populares había denunciado ante la ONU el desalojo por parte de fuerzas policiales, a instancias del gobernador Romeu Zema, del Campamento de Quilombo Campo Grande, en el estado de Minas Gerais.

La denuncia se hace en el marco de la Campaña Cero Desalojos liderada por el MST, que entre otras acciones incluye el envío de un informe al relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, en el cual denuncian la destrucción de una escuela y el traslado de seis familias del campamento del MST en Minas Gerais.

Si bien el gobernador había cedido a la presión popular y declaró en sus redes sociales el miércoles que el Gobierno del  estado estaba a favor de aplazar el retiro  de los campesinos sin tierra, el funcionario responsable del desalojo informó al MST que la acción continuaría si no había una orden oficial de detención.

Por tercer día consecutivo continúan llegando fuerzas policiales al campamento para llevar adelante el desalojo en una acción sobre la cual el MST ha dicho que "la población ha visto un verdadero aparato de guerra circular por toda la ciudad. Los destinatarios son las familias que llevan 22 años produciendo agroecológicamente en el Campamento Quilombo Campo Grande".

Los movimientos sociales en torno al MST también denuncian que  todas estas actuaciones tienen lugar durante el estado de calamidad pública provocado por la pandemia de la Covid-19.

Las más de 450 familias han vivido y trabajado allí durante 23 años y son un referente en la producción agroecológica en la región. Los sin tierra se han resistido al intento de desalojo desde la mañana del miércoles aun cuando se han concentrado más de 200 policías en el lugar.
 


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