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Los miembros de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano han sido amenazados por el Gobierno de facto.

Los miembros de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano han sido amenazados por el Gobierno de facto. | Foto: @DelegArgBolivia

Publicado 29 noviembre 2019



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Hasta el momento, la delegación ha registrado una decena de casos y anunció que organizan distintos registros atendiendo a la diversidad de los mismos.

Representantes de más de 40 organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina llegaron a Bolivia como parte de la misión en Solidaridad con esa población, para conocer los testimonios de las víctimas por la ola de violencia luego del golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales. 

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La misión denunció el trato de “terroristas” que se les proporcionó por parte del Gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez. “Hemos comenzado lo que vinimos a hacer: Tomar testimonio de las diferentes violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo boliviano”, declararon en sus redes sociales.

A su llegada al aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, algunos de sus integrantes fueron retenidos por los funcionarios, luego de que el ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, declarara amenazadoramente que “hay extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiarlo, (pero) que anden con cuidado, que los estamos siguiendo y mirando”.

La delegación ha registrado una decena de casos y anunció que han organizado distintos registros atendiendo a la diversidad de los mismos:, entre ellos, detenidos en unidades judiciales y cárceles; heridos y familiares de heridos, tanto en hospitales como en sus domicilios por rechazo en los centros de salud.

Además, familiares de asesinados y desaparecidos; así como el de mujeres víctimas de violaciones contra su integridad sexual a causa de su condición de campesinas e indígenas.

Los encuentros con los afectados han sido coordinados por abogados especializados, mientras las víctimas de las fuertes represiones y masacres ocurridas son asistidas por militantes y referentes de derechos humanos y sociales de la delegación. 

La delegación argentina está integrada por abogados, exjueces y voluntarios, encabezada por el dirigente social Juan Grabois, y elaborarán un informe respecto a la situación de los derechos humanos luego del golpe de Estado, para elevarlo ante organismos multilaterales.

Hasta el momento, la organización ha expresado que en Bolivia no existen las garantías para quienes quieran denunciar, mientras que se persigue a las víctimas.

Los datos disponibles de la Defensoría de Bolivia indican que las represiones violentas han dejado 34 fallecidos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos.


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