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Agentes de la Patrulla Fronteriza  de EE.UU. vigilan el cruce fronterizo de San Ysidro.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. vigilan el cruce fronterizo de San Ysidro. | Foto: Reuters

Publicado 27 noviembre 2019


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En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard señaló que "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional".

Las implicaciones que tendría la clasificación de terrorista a los cárteles de las drogas mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos son múltiples porque van desde una intervención militar directa a duras sanciones económicas contra México.

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El presidente Donald Trump reveló que planea incluir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de "grupos terroristas", una medida a la que el gobierno de México rechazó de forma inmediata.

En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard señaló que "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional", agregando que el respeto mutuo es la base de cooperación entre los dos países.

Desde el punto de vista jurídico, Washington tiene dos legislaciones para combatir el terrorismo, en caso de que la Casa Blanca designe a un individuo o grupo en esta categoría, que van desde sanciones especiales hasta una intervención directa.

La primera es la Ley Pública 104-132, también llamada Ley Contra el Terrorismo, Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte, que data de 1996, cuando era presidente William Clinton.

En un primer momento, el Departamento del Tesoro puede confiscar o bloquear los activos relacionados con los cárteles mexicanos e incrementar una serie de actividades de carácter extraterritorial e injerencista.

Otras medidas atribuidas a este ministerio están relacionadas al aumento de acciones contra los sospechosos de estar apoyando a los cárteles mexicanos, incluyendo quienes les proporcionen entrenamiento, transporte, apoyo financiero, entre otras.

 

En este esquema, las normas estadounidenses permiten que se declare a México como entidad no cooperante en la lucha contra el terrorismo para que Estados Unidos pudiera intervenir en el país militarmente, con o sin autorización.

Además de que México ya no podría comprar armamento ni materiales militares como lo hace hoy en día.
También bajo la llamada Ley Patriótica entidades financieras, empresas y corporaciones multinacionales están sujetas a sanciones si Washington considera que "financian el terrorismo".

Al respecto, las empresas mexicanas y el Gobierno de México que mantienen relaciones comerciales con sus similares en Estados Unidos afrontarían un sin número de dificultades para establecer negocios o transacciones comerciales. 

En este sentido, la amplitud que tendría Estados Unidos para intervenir cualquier tipo de información sobre terceros se proyectaría hacia gobiernos locales, empresas, individuos bajo la sospecha de realizar que afecta la seguridad nacional estadounidense.

Las conductas delictivas asociadas a la intervención de las autoridades estadounidenses, bajo la ley Patriota, son el lavado de dinero, fraude, terrorismo, narcotráfico y algunas prácticas monopólicas.

Esta extraterritorial abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que su Gobierno no permitirá ninguna acción que ponga en riesgo su soberanía.

"No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", aseveró.
 


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