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Durante el intento de desalojo de las tierra Marina Kue murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías.

Durante el intento de desalojo de las tierra Marina Kue murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías. | Foto: quepasoencuruguaty.org

Publicado 15 junio 2018

La noche del 14 de junio 2012 los paraguayos no se imaginaron que la mañana siguiente la impunidad y la injusticia se apoderaría del país. 

Aún sin justicia y con la memoria de lucha viva se conmemoran seis años de la masacre de Curuguaty en Paraguay, en la que murieron unas 17 personas cuando policías del Estado intentaron desalojar de tierras públicas a 70 labriegos.

La masacre 

El 15 de junio de 2012 se produjo una orden de desalojo contra 70 campesinos de las tierras públicas Marina Kue, en el departamento de Canindeyú (este), la cual habían ocupado para exigir una reforma agraria, sin embargo, la propiedad era reclamada por una empresa privada, Campos Morombí. 

En el hecho murieron 11 trabajadores del campo y seis policías. En consecuencia el Congreso emprendió un proceso político contra el presidente constitucional Fernando Lugo, que se desarrolló en un tiempo de cinco días y cuyo juicio se realizó en 24 horas.

Al final de la jornada Lugo fue destituido de su cargo y el mando interino de la nación lo tomó Federico Franco.

Gestión de Franco 

El mandatario interino optó por dejar las investigaciones del caso en mano de la Fiscalía y desactivó una comisión de investigación que habría formado Lugo que contaba con la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Luego de varios meses de investigación el Ministerio Público acusó a 12 campesinos (entre ellos tres mujeres, dos embarazadas) de haber perpetrado los asesinatos, de los cuales fueron condenados cinco por los delitos de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal el 11 de julio de 2016, con condenas que variaban entre los cuatro y 30 años de prisión.

De acuerdo con el integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo en las investigaciones el MP solo tomó en cuenta los testimonios de 84 policías, dejando de lado a los campesinos, además que no hicieron los peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los policías.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirmó que los investigadores no habían tomado en cuenta los testimonios de los labriegos.

Consecuencias del enjuiciamiento

Como consecuencia de estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias de esta institución emitieron duras observaciones tanto a la justicia como al Gobierno paraguayo en marzo de 2013. 

Entre las observaciones se solicitaba al Estado investigar el caso de manera "independiente e imparcial". 

A lo que la Cancillería paraguaya respondió, a través de un comunicado, que los únicos responsables de investigar los hechos sucedidos en Curuguaty y juzgar a los implicados eran el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) procedió a tramitar la P-1950-14 (un pedido de respaldo de calidad de "amicus curiae), pedido que el Estado paraguayo solo procedió a plantear una excepción de agotamiento de recursos internos, negándose a entrar a fondo en el caso.

Esto en respuesta a la demanda interpuesta ante la instancia en 2014 en la que se acusa al Estado paraguayo por violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a un proceso con garantías judiciales y derecho de acceso a la justicia. 

>> Paraguay: reina la impunidad por la masacre de Curuguaty

Los campesinos condenados y su lucha 

Una vez dictada la condena, los cinco campesinos comenzaron huelgas de hambre. Reclamando dos cosas: que se aclarara la situación de la titularidad de las tierras de Marina Kue y el beneficio de arresto domiciliario. 

Los presos llegaron a realizar tres huelgas de hambre de hasta 58 días de duración, por las cuales en un principio el Tribunal denegó la solicitud, pero luego de algunas violaciones de derechos por parte del Gobierno, como el sucedido con el Ministerio de Alimentación que intentó obligar a los huelguista a comer, el Tribunal cedió a la petición y concedió la casa por cárcel. 

A pesar de la orden del Tribunal, cuando los campesinos estaban siendo llevados a sus casas, el juez del Juzgado de Garantías, Carlos Goiburú, determinó que el dirigente campesino Rúben Villalba debía volver a la cárcel. 

Situación de las tierras Marina Kue 

Para el año 1967 las tierras fueron donadas por la empresa Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) al Estado, por lo que se presumía que las mismas eran públicas.

Luego en 2004, el Gobierno de esta nación emitió un decreto por el cual declaró el terreno como de "interés social", con el objetivo de iniciar una reforma agraria y se las transfirió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero el para entonces presidente del partido colorado, Blas Riquelme, empezó un juicio de usurpación y el juez a cargo sentenció que las tierras pertenecían al político y empresario. Sin dar partida al Estado. 

>> Cinco años de la masacre de Curuguaty en Paraguay

En 2012 el Inder promovió un juicio especial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para anular el juicio de usurpación.

En 2015, al empresa de Riquelme, Campos Morombí, donó los terrenos nuevamente al Estado, pero con la condición de que sea convertido en una reserva forestal, no en un asentamiento campesino.  

A seis años de la masacre, unas 100 familias se encuentran ocupando las tierras desde hace dos años, donde cuentan con casas, plantaciones agrícolas, una capilla y hasta una escuela. 


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