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La propuesta de López Obrador trata de reformar las leyes electorales de comunicación social y de responsabilidades administrativas.

La propuesta de López Obrador trata de reformar las leyes electorales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. | Foto: @SCJN

Publicado 9 mayo 2023



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Al conocer la decisión en contra de la reforma electoral, el secretario de Gobernación de México acusó a la Suprema Corte de Justicia de estar contra el pueblo.

 

 

 

La propuesta del presidente López Obrador busca modificarlas leyes electorales de comunicación social y de responsabilidades administrativas.

Nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México votaron para invalidar la primera parte del Plan B de reformas de leyes secundarias electorales impulsado por el gobierno del presidente López Obrador.

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Propuesta por el mandatario mexicano, aprobada por el Congreso mexicano, pero impugnada por el Instituto Nacional Electoral, la alternativa trata de reformar dos leyes electorales: la de comunicación social y de responsabilidades administrativas.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, declaró que el ente judicial decidió proteger intereses particulares, “nueve ministros pasaran por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, reprochó en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, aseveró que el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte de Justicia “decidió seguir protegiendo intereses particulares y, ante ello, no hay de otra: Plan C en las urnas”, convocó tras el rechazo de parte de la reforma electoral.

Los partidos opositores Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, elevaron mociones de inconstitucionalidad junto a otros dos grupos menores desde que apareció la propuesta. Los únicos votos en contra fueron los de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Los legisladores del bloque oficialista, que constituyen mayoría, podrían relanzar la iniciativa con las mismas reformas de ley, pero ahora como parte de un proceso de consulta popular, aunque la mayoría de la SCJN está abiertamente en contra del ejecutivo, especialmente su presidenta Norma Piña.


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