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Sectores afines al Gobierno de facto han presionado para no permitir el acceso a las elecciones del partido MAS, que lidera ampliamente las encuestas.

Sectores afines al Gobierno de facto han presionado para no permitir el acceso a las elecciones del partido MAS, que lidera ampliamente las encuestas. | Foto: EFE

Publicado 27 septiembre 2020


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La más reciente maniobra busca forzar la inhabilitación definitiva de la opción masista a las elecciones generales.

En la continuación del proceso de judicialización política del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia; la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz admitió la Acción de Cumplimiento que pretende presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para pronunciarse sobre la demanda de anulación contra dicho partido.

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“Este sábado, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz admitió la Acción de Cumplimiento para obligar al TSE a anular la sigla del MAS por la difusión de una encuesta de su principal candidato que es Luis Arce”, explicó la senadora Carmen Eva Gonzales, cara visible de las denuncias contra la fuerza masista.

Gonzales, quien presentó este nuevo recurso, fue la misma que denunció que el candidato del MAS, Luis Arce, difundió resultados de una encuesta interna, en julio. Según su denuncia, el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral prohíbe tal difusión.

Contra aquella denuncia, el MAS planteó la inconstitucionalidad del artículo que la sustenta. Por tal motivo, el ente electoral decidió pasar el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional, junto a similares denuncias contra otras fuerzas políticas. Con ese paso, el TSE dijo que no emitirá ningún fallo en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie.

La audiencia fue fijara para le 5 de octubre a las 11H00, hora local. El vocero del MAS, Sebastián Michel, expresó que a su partido no le preocupa la denuncia.

Diferentes encuestas ubican a Arce en el primer lugar de la preferencia electoral. La encuesta de la empresa Focaliza S.R.L. para ATB dio a Arce el 28,7 por ciento de la intención de voto, seguido por Carlos Mesa con el 19,7 por ciento y Luis Fernando Camacho con 10,2 por ciento.

La práctica de judicializar la política (lawfer) ha sido recurrente contra sectores progresistas latinoamericanos. Vïctimas del lawfer han sido Luis Inazio Lula da Silva, Dilma Rouseff, Cristina Fernández, Rafael Correa y Evo Morales, entre otros.


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